Fundaciones manabitas reaccionaron ante el nuevo proyecto de ley urgente que analiza la Asamblea Nacional del Ecuador, enviado por el Ejecutivo el 29 de julio. La normativa pretende regular los flujos de capitales en fundaciones con posibles vínculos ilícitos. Organizaciones como la Fundación Padre Matías Mujica y la Fundación Ayuda Mutua de San Jorge destacan su labor social y exigen claridad para evitar que la norma afecte a instituciones transparentes.
Preocupación por la generalización
El proyecto de ley, respaldado por las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC), plantea un mayor control en la creación y funcionamiento de fundaciones. Además, plantea exigir la rendición de cuentas ante el Estado.
La Fundación Padre Matías Mujica, que atiende a más de 100 personas diarias, entre pacientes con cáncer y sus acompañantes, expresó su respaldo a la iniciativa. Se dio a entender que es así siempre que se mantenga una diferenciación clara entre organizaciones legales y aquellas creadas con fines ilícitos.
“Nosotros trabajamos con autogestión, no recibimos fondos del Gobierno, pero sí llevamos un control. Todo está declarado ante el SRI, aunque sea en cero, porque no lucramos”, explicó Ercilia Sabando de Linzán, miembro de la fundación.
Organizaciones piden un estudio detallado
Desde la Fundación Ayuda Mutua de San Jorge, su presidenta Rosario Pinargote coincidió en la necesidad de controles, pero subrayó que estos deben aplicarse con base en estudios técnicos, que identifiquen a las verdaderas fundaciones.
“No todas somos iguales, algunas recibimos apoyo de municipios o prefecturas, pero todo está debidamente justificado con facturas y reportes mensuales. No manejamos dinero directamente, los fondos van a los profesionales que prestan las terapias”, explicó Pinargote.
Añadió que la labor de la fundación, con más de diez años de servicio, no busca lucro, sino garantizar terapias continuas para niños con discapacidad. “Si hay fundaciones fantasmas, que se investigue, pero sin entorpecer a quienes sí trabajamos desde la legalidad y la necesidad”, recalcó.
Detalles del proyecto de ley urgente
La iniciativa legislativa ingresó como urgente el 29 de julio. Actualmente, la Unidad Técnica Legislativa (UTL) revisa si cumple con los requisitos legales. En tres días, presentará su informe ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que definirá la comisión encargada de su tratamiento.
El proyecto busca evitar que fundaciones sirvan como pantalla para actividades ilícitas como la minería ilegal o el lavado de activos. Según Valentina Centeno, coordinadora de ADN, la ley no afectará a fundaciones sociales legítimas. “Golpearemos las economías criminales que usan fundaciones como fachada”, aseguró.
La propuesta contempla también la posible aplicación de un impuesto a utilidades generadas por fundaciones, aún en fase de análisis. Desde RC, el legislador Blasco Luna señaló que su bancada apoyará la ley si garantiza beneficios reales a la ciudadanía, sin condonar deudas a grandes grupos económicos.
Llamado a la transparencia
Las fundaciones consultadas coincidieron en que el Estado debe establecer filtros para determinar qué organizaciones cumplen con estándares mínimos de legalidad y trazabilidad.
“No nos oponemos al control, al contrario, lo pedimos. Pero que se lo haga con seriedad y sin politizar las ayudas sociales”, expresó Rosario Pinargote.
Ercilia Sabando reafirmó que la transparencia ha sido siempre su carta de presentación. “Nos auditan con la verdad en la mano. Que investiguen a quienes se esconden en el nombre de fundación”, dijo.
Mientras el proyecto avanza en el Legislativo, las fundaciones formales de Portoviejo defienden su labor, insisten en la importancia de la transparencia financiera, y exigen que la regulación no se transforme en un obstáculo para quienes ejercen una labor social legítima y comprobable. La Asamblea deberá equilibrar el control con la protección de aquellas organizaciones que suplen necesidades que el Estado aún no cubre.
