Colectivos feministas de Manabí y de otras provincias rechazaron este lunes la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno. Esta decisión tomada por el presidente Daniel Noboa ha generado un impacto directo sobre los derechos humanos de las mujeres.

Colectivos se activan ante recorte de institucionalidad de género

Desde la mañana del lunes, diversas organizaciones feministas sostienen una asamblea permanente en todo el país. La decisión del Ejecutivo, liderado por Daniel Noboa, de eliminar el Ministerio de la Mujer mediante una fusión con el Ministerio de Gobierno, provocó una reacción inmediata en las agrupaciones sociales.

De acuerdo con datos de observatorios independientes, en Ecuador asesinan a una mujer cada 21 horas. Por esa razón, las voceras consideran inaceptable que el Gobierno reduzca la institucionalidad encargada de aplicar políticas públicas en temas de prevención y atención a la violencia de género.

Zoila Menéndez, representante nacional de un movimiento feminista articulado, afirmó que esta medida desmantela una lucha histórica. “No se trata de fortalecer nada. El gobierno desmonta lo poco que habíamos conseguido. Esto afecta la ley, los derechos y la atención a las víctimas”, indicó.

Activistas cuestionan fusiones sin sustento técnico

Menéndez también criticó la reciente incorporación de la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Desnutrición Infantil al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Según ella, esta decisión oculta el problema en un ministerio con sobrecarga de programas y sin capacidad de control efectivo. “El MIES no puede garantizar un enfoque especializado en cada área, menos aún en temas tan sensibles como la desnutrición infantil”, recalcó.

Además, denunció la desvinculación masiva de 5.000 funcionarios públicos, entre los cuales se encuentran muchas mujeres jefas de hogar. “El Gobierno actúa sin empatía, desvincula personas al azar, sin evaluar su situación o respetar procedimientos legales”, sostuvo.

Desde Portoviejo, Isabel Ubillus García, integrante del Foro de la Mujer, respaldó estas declaraciones. A su juicio, el Ejecutivo no busca optimizar el aparato estatal, sino precarizar los servicios públicos y condenar al desempleo a familias que dependen de esos ingresos. “No vemos técnica en esta reestructuración, solo arbitrariedad”, señaló.

Organizaciones demandan medidas urgentes y transparencia estatal

Frente a este panorama, los colectivos exigen al Gobierno de Daniel Noboa la restitución inmediata del Ministerio de la Mujer. También solicitan la reversión de los despidos masivos, así como la suspensión de la reforma al sistema de pensiones que afectaría a jubilados y próximas generaciones.

Gabriela Lucas, vocera de agrupaciones de mujeres diversas y disidentes, subrayó que el Ejecutivo debe rendir cuentas sobre sus decisiones económicas. “Solicitamos que el Estado publique el convenio con el FMI. Queremos conocer si existe una justificación real para despedir tantos funcionarios”, dijo. Afirmó que estas medidas generarán más pobreza, violencia y vulnerabilidad social.

En ese sentido, las activistas pidieron a los organismos internacionales que pongan atención a la situación de los derechos humanos en Ecuador. Consideran que el Gobierno viola procedimientos básicos y debilita las instituciones que protegen a las poblaciones más vulnerables.

Movilización nacional y acciones de presión continúan esta semana

A lo largo del lunes, las organizaciones feministas realizaron una rueda de prensa frente al Ministerio de la Mujer, además de una marcha frente a la Corte Constitucional en Quito. Estas actividades también ocurrieron en otras provincias, como parte de una estrategia coordinada.

Menéndez anunció que este miércoles, a las 10:30 de la mañana, realizarán un plantón frente a la Gobernación de Manabí, al que convocaron a medios de comunicación, ciudadanía y más organizaciones sociales. Además, grupos de mujeres iniciaron observación ciudadana y cabildeo político para exigir respeto a los derechos adquiridos.

“Desde hoy nos mantenemos movilizadas. Seguiremos en plantones, en mesas de diálogo, en acciones legales y sociales. No vamos a permitir que borren nuestra historia ni nuestras conquistas”, expresó Menéndez.

Colectivos alertan sobre retroceso democrático y precarización social

Las voceras insistieron en que estas decisiones no cumplen criterios técnicos ni legales. Según afirman, el Ejecutivo actúa por conveniencia política, sin considerar las consecuencias sociales de recortar ministerios, cerrar programas o ejecutar despidos indiscriminados.

Las medidas también afectan a personal médico, especialmente en centros como el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. Allí, el despido de profesionales de salud vulnera derechos relacionados con salud sexual y reproductiva, indicaron las representantes.

Las organizaciones advirtieron que seguirán presionando hasta que el Estado garantice condiciones dignas para toda la población. Reiteraron que reducir el Estado no implica reducir la calidad de vida de las personas, y que las decisiones deben enfocarse en fortalecer sectores como educación, salud y justicia.