El Gobierno de Ecuador inició el 24 de julio un proceso de desvinculación de 5.000 servidores públicos, medida que desencadenó el rechazo inmediato de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep) y otros gremios, quienes anunciaron movilizaciones y acciones legales a partir del 31 de julio en defensa de la estabilidad laboral.
Anuncio gubernamental y reacción sindical
La portavoz de la Presidencia de la República, Carolina Jaramillo, informó el 24 de julio sobre la desvinculación. Explicó que esta medida busca la optimización del Estado. Jaramillo afirmó: “Estamos iniciando un proceso de desvinculación de 5.000 funcionarios públicos”. El proceso se basa en criterios de eficiencia, señaló.
Los servidores desvinculados pertenecen a la Función Ejecutiva y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La medida no afecta a personal de salud, educación, policías, militares ni a grupos vulnerables.
Los gremios de servidores públicos, como la Unión Nacional de Educadores (UNE), ya anticiparon la medida. Por ello, realizaron un plantón en el Ministerio del Trabajo. El anuncio del proceso de desvinculación ocurrió tras la emisión del reglamento a la Ley de Integridad Pública. Además, el Ministerio del Trabajo publicó la norma técnica para la supresión de puestos. Esta ya figura en el Registro Oficial.
Acciones y demandas de los gremios
En paralelo al plantón, la Conasep se reunió. Dialogaron con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Organizaciones. Acordaron más de diez acciones inmediatas. Estas buscan la defensa de la estabilidad laboral. Rechazan los despidos en el sector público. Consideran que aumentan el desempleo. Argumentan que estos despidos responden a pedidos del Fondo Monetario Internacional. El Gobierno negó que la desvinculación obedezca a este organismo.
La portavoz oficial aclaró que las desvinculaciones no se enmarcan en evaluaciones semestrales. Jaramillo afirmó: “Estas primeras acciones son supresiones de partidas”. Corresponden a funcionarios que obstruían el desarrollo de acciones eficientes.
Es una decisión que cada cartera de Estado tomó, añadió. Indicó que los despidos no se sujetan a criterios políticos, sino técnicos. La Conasep también rechaza el despido de servidores provisionales. Ellos esperaban un nombramiento permanente tras ganar concursos de méritos.
Calendario de movilizaciones nacionales
La Conasep ratifica su apoyo a las acciones de movilización. La próxima es el 31 de julio, a las 10:00. Fue convocada por la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Marcharán hacia la Corte Constitucional. Entregarán una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Integridad y su reglamento. También apoyan la movilización del 7 de agosto, a las 16:00. Irán a la Corte Constitucional para exigir el tratamiento de las demandas a las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).
Participarán en la reunión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Organizaciones el 12 de agosto, a las 09:00. Será en las instalaciones de la Cedocut. Asistirán a la convención nacional de la Coordinadora el 16 de agosto. Desde el 25 de julio, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) recorre las provincias. El FUT prepara las manifestaciones.
Socializarán las acciones de movilización y el manifiesto sobre el Decreto Ejecutivo 57. Este se refiere a las reformas al reglamento general de la Losep. Se mantendrán en sesiones permanentes para vigilar las decisiones del Gobierno sobre temas laborales.
