El general retirado Mario Fernandes confirmó ante la Corte Suprema de Brasil que redactó un documento que incluía un plan para asesinar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de una supuesta intentona golpista en la que está implicado el expresidente Jair Bolsonaro. El caso, de alto perfil, se investiga como parte de un juicio por conspiración para impedir la toma de poder tras las elecciones de 2022.

Confesión bajo juramento ante la Corte Suprema

El testimonio de Fernandes fue presentado por videoconferencia durante los interrogatorios judiciales a un grupo de excolaboradores de Bolsonaro. El militar, que se desempeñó como jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia, reconoció haber redactado e impreso el plan, pero alegó que se trató de un “pensamiento personal” y que no fue compartido con nadie.

“Ese archivo digital solo retrata un pensamiento mío, una recopilación de datos, un estudio de la situación”, afirmó el general. Según su declaración, imprimió el texto únicamente para leerlo en papel y luego lo destruyó.

La Fiscalía contradice al general

La versión del general Fernandes ha sido puesta en duda por la Fiscalía brasileña, que sostiene que el documento fue llevado a la residencia presidencial de la Alvorada el 6 de diciembre de 2022 para presentarlo al entonces mandatario Jair Bolsonaro. Ese mismo día, Bolsonaro habría recibido también un borrador de decreto que proponía anular los resultados electorales mediante medidas excepcionales.

De acuerdo con las investigaciones, el plan —denominado “Puñal Verde y Amarillo”— contemplaba asesinar al presidente electo Lula da Silva, al vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, actual presidente del Tribunal Supremo Electoral y encargado del juicio contra Bolsonaro.

Un plan fallido contra Lula Da Silva por falta de apoyo militar

Según la acusación, la trama no se ejecutó debido a la falta de apoyo por parte de altos mandos de las Fuerzas Armadas. La ejecución del plan estaba prevista para el 15 de diciembre de 2022, pocos días antes de la investidura de Lula como presidente.

El complot fue revelado durante las investigaciones judiciales y forma parte del proceso legal en curso que involucra a más de 30 excolaboradores del expresidente Bolsonaro, quien se encuentra en el centro de la causa por su presunto rol como instigador y coordinador del intento de golpe.

Bolsonaro enfrenta posible condena de hasta 40 años

La semana pasada, la fiscalía solicitó formalmente la condena de Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022. Si es hallado culpable por la Corte Suprema, el exmandatario podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión por delitos vinculados a intento de golpe de Estado, conspiración y amenazas a la democracia.

Los fiscales han argumentado que las acciones de Bolsonaro y sus aliados constituyen un grave atentado contra el orden democrático brasileño. El tribunal aún no ha determinado una fecha para el fallo definitivo, pero el caso ha generado fuerte atención mediática e impacto político tanto a nivel nacional como internacional.

La transición Lula-Bolsonaron, la más tensa desde el retorno a la democracia

Las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil, en las que Lula da Silva venció a Bolsonaro por estrecho margen, fueron seguidas por una fase de tensión e inestabilidad política. Sectores del bolsonarismo promovieron teorías de fraude electoral, mientras se intensificaban las manifestaciones de rechazo a la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Los hechos culminaron el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes radicales del expresidente invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, en un hecho que ha sido comparado con el asalto al Capitolio en Estados Unidos en 2021.

Repercusiones políticas y militares

El caso también pone en foco el rol de las Fuerzas Armadas en la estabilidad democrática de Brasil. Aunque el plan no se llevó a cabo, las investigaciones han revelado la existencia de grupos dentro del gobierno y las fuerzas militares dispuestos a explorar vías inconstitucionales para alterar el resultado electoral.

El avance del juicio y la gravedad de las revelaciones podrían tener efectos duraderos sobre la política brasileña, incluyendo la inhabilitación política de Bolsonaro, ya vigente en otros procesos, y un replanteamiento del papel de los militares en la vida pública.