La Contraloría General del Estado de Ecuador identificó irregularidades en los contratos de la empresa estadounidense Progen con Termopichincha, destinados a la generación de energía de emergencia en las plantas Quevedo III y Salitral, según informó el contralor Mauricio Torres en Radio Sucesos. Las fallas, que incluyen el uso de equipos no nuevos y no adquiridos al fabricante, representan un perjuicio de USD 100 millones para el Estado. Junto con irregularidades similares en contratos con Austral Technical Management (ATM), las pérdidas totales ascienden a USD 140 millones.
En agosto de 2024, Progen fue contratada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), a través de su unidad Termopichincha, para instalar plantas térmicas de emergencia que aportarían 150 megavatios (100 MW en Salitral y 50 MW en Quevedo) para mitigar la crisis eléctrica de Ecuador. Sin embargo, las plantas no han entrado en operación según lo previsto para finales de 2024 e inicios de 2025.
Irregularidades que encontró la Contraloría
La auditoría de la Contraloría reveló que los equipos, cubiertos con plástico para preservar su garantía, no son nuevos ni fueron comprados directamente al fabricante, como estipulaba el contrato. “Fuimos al fabricante, y ellos certificaron que no vendieron los equipos a Progen”, afirmó Torres.
Las irregularidades incluyen una adenda modificatoria para facilitar pagos, lo que agravó las anomalías detectadas. Torres señaló que los contratos, firmados bajo la supervisión de Celec, involucran a servidores públicos de Termopichincha y Electroguayas, esta última encargada del proyecto Esmeraldas III (91 MW) con ATM.
Los resultados de la auditoría se entregarán el 24 de julio
El perjuicio económico asciende a USD 70 millones por Salitral y USD 30 millones por Quevedo, sumándose a los USD 40 millones atribuidos a ATM, según Diario EXPRESO. La Contraloría presentará los resultados oficiales de la auditoría el 24 de julio de 2025. Torres enfatizó que Celec no queda exenta de responsabilidad por delegar la contratación a sus unidades de negocio. “El gerente general debe responder”, afirmó, señalando posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales para los involucrados.
En el caso de Progen, la Contraloría ya entregó un informe sobre ATM a la Fiscalía General del Estado y planea hacer lo mismo con Progen en los próximos días. Los presuntos responsables enfrentarán una etapa de predeterminación para presentar su defensa, que podría derivar en procesos contencioso-administrativos o penales.
Buscan que los recursos invertidos no se pierdan
Para mitigar las pérdidas, la Contraloría espera que los equipos puedan operar tras rectificaciones técnicas, asegurando que los recursos públicos invertidos no se pierdan completamente. Torres destacó la necesidad de que las empresas y los servidores públicos responsables respondan legalmente, con sanciones que podrían incluir la devolución de fondos. El organismo aplica “todo el rigor de la ley” para garantizar la recuperación de los recursos.
La crisis eléctrica de 2024, marcada por apagones y déficits energéticos, llevó al Gobierno de Daniel Noboa a buscar soluciones rápidas mediante contratos de emergencia. Sin embargo, casos como los de Progen y ATM reflejan problemas recurrentes en la contratación pública en Ecuador, incluyendo falta de transparencia y supervisión. Estas irregularidades han generado críticas hacia Celec, que enfrenta demandas de mayor control en la gestión de proyectos energéticos clave.
