La lucha contra la tuberculosis requiere un enfoque integral que no excluya a las cárceles del país. El aumento de contagios en los centros penitenciarios tiene que obligar a las autoridades a actuar con urgencia en la prevención, detección y tratamiento de casos en estos espacios, donde el hacinamiento y las malas condiciones de salubridad elevan los riesgos.

La tuberculosis es curable, pero solo si se diagnostica y trata a tiempo. En el contexto carcelario, esto es difícil por la seguridad y el hacinamiento. Las denuncias de organizaciones de derechos humanos y de familiares de internos muestran que muchos reclusos no acceden a controles médicos adecuados ni reciben la medicación necesaria para mantener sus tratamientos.

El sistema penitenciario debe garantizar condiciones mínimas de atención médica, con protocolos rigurosos y bajo custodia. La salud no puede esperar ni debe condicionarse por el entorno.

Una campaña nacional que incluya a las cárceles no solo reducirá los contagios dentro, sino también fuera de ellas, una vez que los internos recuperen su libertad.

Proteger la salud de los privados de libertad es también proteger la salud pública. El Estado es el responsable de la vida de los reclusos, por lo tanto, es quien tiene que garantizar su salud y supervivencia.