La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes del Ecuador recibió aportes judiciales y de expertos en derecho familiar en el marco del análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, buscando fortalecer la normativa en favor del interés superior de la niñez ecuatoriana.
Derechos de la niñez
La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió importantes observaciones. Estas se enfocaron en el texto unificado del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. El objetivo es reforzar la normativa en favor de los derechos de la niñez.
Durante la sesión, tres jueces de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia comparecieron. Ellos fueron Olga Pareja, Édison Gualotuña y Graciela Betancourt. Presentaron sus observaciones técnicas y sugerencias al proyecto de ley.
Observaciones sobre pensiones alimenticias
La jueza Olga Pareja expresó su preocupación por la redacción del artículo 15. Considera que el texto confunde los roles del juzgador y los insumos para fijar pensiones. Ella advirtió que pedir justificar ingresos a quien cuida al niño, sin reconocer su labor como aporte económico, vulnera la tutela judicial efectiva. La jueza sugirió que los pagos en décimos sean una excepción. También propuso regular los bonos de lactancia para evitar efectos negativos.
El juez Édison Gualotuña destacó vacíos legales. Estos afectan a adolescentes en acogimiento institucional que cumplen la mayoría de edad. Ellos quedan fuera del sistema de protección al no ser adoptados. Él propuso revisar los artículos 113 y 270. Esto diferenciará la privación, suspensión y pérdida de la patria potestad. Buscan así garantizar la seguridad jurídica y el bienestar de los menores.
Aportes sobre la responsabilidad parental
Graciela Betancourt, jueza de Familia, puntualizó un aspecto clave. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) establece el marco para el cálculo de pensiones. Sin embargo, son los jueces quienes determinan los montos en cada caso. Esta obligación es incondicional, incluso si el alimentante no tiene empleo formal.
Ella también defendió el valor del trabajo de cuidado no remunerado. Advirtió que la tenencia compartida debe aplicarse con acuerdos reales. Estos deben garantizar el bienestar del menor. No debe usarse para evadir responsabilidades económicas.
Expertos jurídicos suman voces
Expertos jurídicos aportaron también en comisión general. Andrés Cueva cuestionó equiparar ingresos entre progenitores en procesos de alimentos. Él enfatizó que no se considera el peso emocional, jurídico y económico de la custodia. “Hablar de igualdad de ingresos no es hablar de equidad”, afirmó.
Marianella Maldonado, especialista en derechos de la infancia, recomendó eliminar el término “menor”. Considera que tiene una connotación peyorativa. Es incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño. Subrayó la urgencia de actualizar el Código de la Niñez, con más de dos décadas de vigencia. También pidió reformar el sistema de cálculo de pensiones. “Los niños, niñas y adolescentes deben ser reconocidos como sujetos plenos de derechos”, puntualizó.
La presidenta de la Comisión, Viviana Veloz, agradeció los aportes. Reafirmó el compromiso de la mesa legislativa. Continuarán escuchando voces técnicas y jurídicas. Esto será en la construcción del informe para el primer debate.
