La coactiva, un mecanismo legal que permite al Estado ecuatoriano recuperar deudas de manera directa, genera temor entre los ciudadanos debido a su rapidez y las medidas cautelares inmediatas, como embargos de bienes o retención de fondos en cuentas bancarias. Este proceso, utilizado por instituciones públicas, municipios, bancos públicos y empresas estatales, no requiere intervención de un juez civil, lo que lo distingue de los procedimientos aplicados por entidades privadas. Sin embargo, los deudores cuentan con opciones legales para enfrentar este mecanismo y proteger sus derechos.

La coactiva permite a las entidades estatales actuar sin previo aviso, afectando directamente las finanzas de los deudores. “Muchas personas descubren la coactiva cuando intentan retirar dinero y encuentran sus cuentas bloqueadas”, explica César Coronel Garcés, abogado de Defensa Deudores Ecuador. Si los fondos en la cuenta cubren la deuda, el deudor puede solicitar que se embargue solo el monto adeudado, archivando el proceso. Sin embargo, la Constitución protege ciertos ingresos, como sueldos, pensiones alimenticias y jubilaciones, según los artículos 328 y 371. En estos casos, es posible solicitar el levantamiento de las medidas cautelares.

Opciones legales y facilidades de pago

El Código Orgánico Administrativo (COA) establece que los deudores pueden acceder a planes de pago de hasta 24 meses con instituciones públicas, municipios y empresas estatales. Además, una reforma reciente en la Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas permite a bancos públicos, como el BIESS y la CFN, ofrecer plazos de hasta 30 años. “Con asesoría legal, es posible negociar la condonación de intereses o parte del capital, lo que permite levantar embargos”, señala Coronel.

Actuar rápidamente es clave. Los deudores deben verificar si la citación del proceso fue realizada correctamente, ya que una notificación defectuosa puede justificar la nulidad del proceso. Además, las deudas con el Estado prescriben tras cinco años sin pagos ni citación válida, lo que podría permitir su eliminación. Coronel también destaca la importancia de revisar la documentación que respalda la deuda: “Si no hay papeles que la sustenten, se puede solicitar su eliminación ante la autoridad competente”.

Consecuencias de no actuar

No defenderse en un proceso coactivo puede tener graves repercusiones. Si el acreedor no recupera la deuda mediante medidas cautelares, puede iniciarse un concurso de acreedores, que podría derivar en la declaración de insolvencia del deudor.

Esto implicaría prohibiciones de salida del país, notificaciones a la Fiscalía por posible quiebra fraudulenta o la interdicción total, que impide al deudor administrar sus bienes o usar sus cuentas bancarias. Por ello, especialistas recomiendan actuar a tiempo, para evitar consecuencias graves. 

Contexto y derechos del deudor

El proceso coactivo, aunque intimidante, no es un callejón sin salida. La Constitución y el COA garantizan derechos a los deudores, como el acceso a la defensa y la protección de ciertos ingresos. La clave, según expertos, es buscar asesoría legal especializada para negociar acuerdos, verificar la validez del proceso o explorar la prescripción de la deuda. 

En Ecuador, donde las deudas con entidades públicas son comunes, la coactiva es un mecanismo ampliamente utilizado, pero también regulado para evitar abusos. Con información y acción oportuna, los deudores pueden mitigar el impacto de este proceso y encontrar soluciones que protejan su estabilidad financiera. La asesoría legal se presenta como el primer paso para enfrentar este desafío y evitar consecuencias que afecten significativamente su vida.