El Ministerio de Educación informó que los 1.097 trabajadores apartados laboraban en 961 colegios públicos y 136 instituciones privadas. De ellos, 169 tienen sentencias condenatorias y han sido separados de forma definitiva, mientras que 928 enfrentan procesos judiciales abiertos, por lo que la medida es preventiva y provisional.
Entre los delitos reportados, 931 personas están procesadas o condenadas por violación a la libertad sexual, 82 por terrorismo o apología del terrorismo, 22 por tráfico ilícito de drogas y 20 por homicidio doloso.
Además, 12 docentes enfrentan posibles condenas por proposiciones sexuales a menores a través de medios tecnológicos, 2 profesores son procesados por feminicidio y 1 administrativo fue separado definitivamente por parricidio (homicidio cometido contra un familiar directo).
#EscuelasSeguras | Desde abril de 2024, separamos del sistema educativo a 1097 malos docentes y administrativos con condenas o procesos judiciales abiertos por delitos graves. De ellos, 961 laboraban en colegios públicos y 136, en privados. #NDP https://t.co/C8pmE3zBgx
— Ministerio de Educación (@MineduPeru) July 19, 2025
Medidas adicionales para proteger a estudiantes
El Ministerio también ha suspendido la asignación de plazas a 2.472 docentes investigados por delitos o faltas graves. Lo ha hecho con el fin de evitar su contratación en centros educativos.
Esta medida busca reforzar la seguridad en las escuelas y prevenir la presencia de personas que representen un riesgo para los estudiantes.
El ministro de Educación, Morgan Quero, destacó la importancia de estas acciones: “El Ministerio de Educación tiene como objetivo hacer de las escuelas lugares seguros. Trabajamos de manera permanente para identificar y expulsar de los colegios a todas las personas que representen un riesgo para los estudiantes”.
Contexto de la crisis en el sistema educativo
La separación de estos trabajadores se enmarca en un esfuerzo del Gobierno de Perú por fortalecer la seguridad en el sistema educativo. El mismo ha enfrentado críticas por la presencia de personas con antecedentes delictivos en escuelas, según reportes locales.
La detección de estos casos se ha intensificado gracias a la revisión de antecedentes penales y al seguimiento de procesos judiciales. La medida ha permitido identificar a los implicados en delitos graves.
Los colegios públicos y privados afectados abarcan diversas regiones del país, lo que evidencia la magnitud del problema. Las autoridades han priorizado la protección de los estudiantes, especialmente en un contexto donde los delitos contra menores, como la violencia sexual, han generado alarma social en Perú.
Impacto en el sistema educativo
La separación de más de 1.000 trabajadores plantea retos para el sistema educativo, como la necesidad de cubrir las vacantes sin comprometer la calidad de la enseñanza.
El Ministerio de Educación ha señalado que trabaja en la implementación de filtros más rigurosos para la contratación de docentes y administrativos. También reveló que tiene la colaboración con el Poder Judicial para agilizar la identificación de casos similares.
Compromiso con la seguridad escolar
La suspensión preventiva de los procesados y la exclusión definitiva de los condenados buscan enviar un mensaje claro sobre la intolerancia a conductas que pongan en riesgo a los estudiantes.
El Ministerio de Educación ha instado a las instituciones educativas a reforzar sus protocolos de selección de personal y a reportar cualquier irregularidad que pueda comprometer la seguridad de los menores.
Asimismo, se espera que estas acciones contribuyan a restaurar la confianza de las familias en el sistema educativo.
Reacciones y próximos pasos
Aunque el Ministerio no ha detallado las regiones específicas afectadas ni los nombres de los implicados, la magnitud de las separaciones ha generado atención en el ámbito educativo y en la opinión pública.
Las autoridades han prometido continuar con las investigaciones y sanciones para garantizar que las escuelas sean espacios seguros para el aprendizaje. El Gobierno peruano también ha anunciado que seguirá colaborando con otras instituciones para fortalecer los mecanismos de prevención y detección de delitos en el sector educativo, con el objetivo de evitar que casos similares se repitan en el futuro.
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