La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana recibió los testimonios de dos profesionales en psicología social y salud mental para analizar las consecuencias de los delitos contra la integridad sexual, en el marco de una denuncia contra el legislador Santiago Díaz Asque.

Vulnerabilidad neurológica y psicosocial

La psicóloga social comunitaria María José López explicó el desarrollo neurológico de los adolescentes de 14 años. Indicó que su desarrollo biológico está en proceso. Por esta razón, no están en capacidad de tomar decisiones de alto impacto. Las decisiones sobre la sexualidad requieren una madurez integral, algo que aún no se ha completado a esa edad.

López añadió que en casos de abuso sexual a adolescentes, se presentan consecuencias neurobiológicas y psicosociales. El impacto psicológico y emocional en las víctimas puede traducirse en trastornos como el estrés postraumático, la depresión y la pérdida de memoria. También pueden sufrir la disminución de la capacidad de aprendizaje, la hipervigilancia y el miedo crónico. “Es necesario proteger primero a la víctima”, concluyó López, “porque después de un abuso sexual existen todas estas afectaciones psicológicas, y nuestro deber es la protección y no la revictimización”.

Consentimiento y propuestas legislativas

Por su parte, Julieta Sagñay, profesional en salud mental, afirmó que el consentimiento para relaciones sexuales entre adolescentes no es posible. Esta imposibilidad se debe a las graves consecuencias que implica. Consideró que la aprobación de un proyecto de ley con ese enfoque podría interpretarse como “la legalización de algún tipo de parafilia”. Esto, según Sagñay, significaría “abrir las puertas a este tipo de trastornos”.

A esta sesión de la Comisión de Transparencia no asistieron los asambleístas que suscribieron y respaldaron el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Este proyecto es de autoría del legislador Santiago Díaz Asque. Previamente, en una rueda de prensa, los asambleístas recordaron que tienen la atribución de presentar proyectos de ley. Esto está conforme al numeral 1 del artículo 134 de la Constitución de la República.

Retiro de apoyo al proyecto

Los legisladores precisaron que el 9 de julio de 2025 decidieron retirar su apoyo al proyecto. Consideraron que el consentimiento para firmarlo tuvo como propósito principal el aumento de las penas por el delito de femicidio. En la rueda de prensa, recordaron que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no calificó el proyecto mencionado. Esto se debió al incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.