La Sala Penal de la Corte Provincial de Guayas absolvió a Samara Solanda Rivera Saltos, viuda de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, el 14 de julio de 2025 en Guayaquil, por prescripción del delito de asociación ilícita. La decisión se tomó porque el proceso, iniciado en 2020, superó el plazo legal sin sentencia firme.

La resolución, emitida por los jueces Beatriz Cruz, Byron Andrade y Ricardo Ramos, estableció que el caso contra Rivera, iniciado el 24 de abril de 2020, excedió los cinco años establecidos en el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Fiscalía la acusó de participar en una red que presuntamente facilitó la liberación anticipada de Jorge Luis Zambrano, líder de Los Choneros, en 2020. Aunque Rivera recibió una condena de cinco años en octubre de 2024, los recursos de apelación presentados por su defensa evitaron la ejecución de la sentencia.

El tribunal confirmó que Rivera no enfrenta otros procesos penales y que no hubo interrupciones en el plazo de prescripción. Los jueces ordenaron a Carmen Vásquez, José Poveda y Henry Morán, responsables de la etapa de juicio, presentar un informe en diez días sobre el manejo del caso. Este documento buscará determinar si existieron irregularidades, como dolo o negligencia grave, que podrían derivar en sanciones.

Rivera, quien salió de Ecuador en 2024 alegando amenazas contra su vida, participó en las audiencias de manera virtual a través de Zoom. Con la absolución, la Corte Provincial garantizó que puede regresar al país sin restricciones legales.

Contexto del caso del que la viuda de Rasquiña quedó en libertad 

Jorge Luis Zambrano, conocido como Rasquiña, fue asesinado el 28 de diciembre de 2020 en un centro comercial de Manta, seis meses después de obtener su libertad. La Fiscalía señaló que su excarcelación se gestionó mediante influencias, involucrando presuntamente a Rivera y otros actores. La investigación apuntó a una red que operaba desde la Penitenciaría del Litoral, donde Zambrano cumplía condena antes de su liberación.

El caso de asociación ilícita sigue activo para otros procesados, como Héctor Reyna Vivar, exdirector de la Penitenciaría del Litoral, y Jefferson Hinojosa. Ambos presentaron recursos de casación ante la Corte Nacional de Justicia, argumentando fallos en el debido proceso y errores en la evaluación de pruebas. Las audiencias de estos recursos están programadas para las próximas semanas.

Los Choneros, liderados por Zambrano hasta su muerte, son una de las organizaciones criminales más influyentes en Ecuador. La banda opera principalmente en Guayas, Manabí y Esmeraldas, dedicándose al narcotráfico, extorsión y sicariato. En 2025, la Policía Nacional reportó más de 200 detenciones relacionadas con esta organización en operativos a nivel nacional.

La prescripción del caso de Rivera pone en evidencia los desafíos del sistema judicial ecuatoriano para resolver casos complejos en plazos razonables. La demora en emitir una sentencia firme permitió que la causa prescribiera, generando críticas sobre la eficiencia de los procesos penales. En 2025, el Consejo de la Judicatura reportó que el 15% de los casos penales en Guayas superan los plazos establecidos por el COIP, afectando principalmente investigaciones relacionadas con el crimen organizado.

Situación actual de Rivera

La orden de investigar a los jueces de la etapa de juicio refleja el interés de la Corte Provincial por identificar posibles fallos en el proceso. Las autoridades judiciales buscan garantizar que no haya impunidad en casos vinculados a organizaciones delictivas.

Con la absolución, Samara Rivera queda libre de responsabilidades legales en este caso. Su salida del país en 2024 se dio en un contexto de alta violencia en Guayas, donde las disputas entre bandas han dejado más de 500 muertes violentas en lo que va del año. La resolución judicial le permite planificar su retorno sin temor a represalias legales, aunque no se ha confirmado si regresará a Ecuador.

La absolución de Samara Rivera por prescripción marca el fin de un proceso judicial de más de cinco años, pero deja preguntas sobre la efectividad del sistema penal en casos de crimen organizado. Mientras, las investigaciones contra otros implicados en la red de Los Choneros continúan su curso. (22)