El Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción y Crimen Organizado de Quito, provincia de Pichincha, condenó a siete años de prisión a tres personas. Danny Jair V. J., Michael Yolaus C. A. y Mayerly Michelle G. Q., son acusados como autores directos del delito de lavado de dinero, cuya fuente fue el tráfico ilícito de migrantes hacia Estados Unidos. El fallo incluye multas y el comiso de bienes tras un operativo en Huaquillas, El Oro, el 27 de marzo de 2024.
El caso, investigado por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía, se originó en un operativo policial el 27 de marzo de 2024 en Huaquillas, provincia de El Oro, cerca de la frontera con Perú. Durante un control rutinario, agentes detuvieron un vehículo. En este viajaban los ahora sentenciados por tráfico de migrantes junto a otra persona, posteriormente desvinculada del delito.
Dentro del carro
En el interior del automóvil, se halló una mochila con siete paquetes de dinero en efectivo que sumaban 47,980 dólares, cada uno etiquetado con nombres de ciudadanas extranjeras y cantidades específicas. Los involucrados no pudieron justificar el origen ni el propósito del dinero, lo que llevó a su aprehensión por tráfico de migrantes.
Días después, el 21 de abril de 2024, los procesados constituyeron la empresa “Comercializadora La Económica S. A.” como fachada para simular legalidad y encubrir el origen ilícito de los fondos. La investigación reveló que, entre 2021 y 2024, recibieron 415,905.18 dólares en depósitos de familiares de migrantes que pagaron a “coyoteros” para cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos.
Desición del tribunal
El Tribunal dictó una sentencia que incluye siete años de prisión para cada uno, una multa equivalente a veinte salarios básicos unificados, el comiso de 47,980 dólares, un vehículo utilizado en el transporte del dinero y la disolución de la empresa fachada. La decisión se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía durante la audiencia de juzgamiento. Pruebas clave en el proceso por tráfico de migrantes La fiscal del caso sustentó la acusación con un conjunto robusto de evidencias.
Entre las evidencias destacan los testimonios de agentes aprehensores, investigadores, funcionarios bancarios y personas afectadas que realizaron depósitos a las cuentas de los sentenciados. Además, se presentaron pericias de criminalística, un análisis tributario y un peritaje en lavado de activos. Estos determinaron que los acusados reportaron actividades comerciales inexistentes ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Contexto del tráfico de migrantes en Ecuador
El caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación por el tráfico ilícito de migrantes en Ecuador. Un país que sirve como punto de tránsito hacia Estados Unidos y Canadá. Según el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 120,000 intentos de migración irregular, con un aumento del 30% en operativos contra redes de “coyotes” en la frontera sur.
Huaquillas, por su cercanía con Perú, es una zona crítica para estas actividades. Allí el lavado de activos se ha convertido en una herramienta para blanquear ganancias ilícitas. Organizaciones internacionales, como la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), han advertido que el tráfico de personas genera anualmente millones de dólares. Muchos de los cuales son reintegrados a economías locales a través de empresas fachada, como la disuelta “Comercializadora La Económica S. A.”. (27)
