La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional de Ecuador recibió el miércoles 16 de julio de 2025 aportes para el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Salud. El objetivo es limitar la discrecionalidad, transparentar los mecanismos de pagos a prestadores de la Red Privada Complementaria de Salud Pública sin fines de lucro que atienden a grupos prioritarios. También buscan fortalecer el Sistema de Información Nacional de Salud y controlar conflictos de interés.
Aportes de entidades públicas
Eduardo Esparza, de la Secretaría de Integridad Pública, señaló que la Ley Orgánica de Integridad Pública ya cubre los propósitos de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento del Sistema de Información Nacional de Salud y Control de Conflictos de Interés. Por lo tanto, no ve necesario que el órgano rector de salud declare los conflictos de interés para prestadores.
María del Carmen Rodríguez, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), explicó que su entidad no controla directamente a empresas de salud. Estas no son sujetos obligados a reportar movimientos irregulares. No obstante, la UAFE podría, mediante resoluciones, identificar perfiles de riesgo en el sistema.
Protección de datos y coexistencia de historias clínicas
Daniel Hernández y Alegría Echeverría, delegados de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, hicieron observaciones al proyecto de ley. Sus puntos se centraron en la interconexión de sistemas de historias clínicas. Propusieron que coexistan una historia clínica física y una electrónica.
También sugirieron distinguir el tratamiento de datos generales del paciente y datos sensibles. Estos últimos, como información biométrica, genética y de exámenes de laboratorio, deben protegerse con medidas extremas de seguridad.
Futuro del proyecto de ley
El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Juan José Reyes, agradeció los criterios de los delegados. Solicitó que las observaciones se remitan por escrito a la Secretaría de la Comisión. Estas serán analizadas para la redacción del informe destinado al Pleno de la Asamblea. Este proceso busca asegurar que las reformas consideren todas las perspectivas. El objetivo final es un sistema de salud más transparente y seguro para los ciudadanos.
