El Proyecto de Ley Orgánica de Víctimas, propuesto por el legislador Blasco Luna, actualmente en debate en la Comisión de Garantías Constitucionales, recibió importantes observaciones del Consejo de la Judicatura (CJ) y la Procuraduría General del Estado el 15 de julio de 2025. Las entidades buscan perfeccionar la normativa para garantizar la reparación integral y la tutela judicial efectiva de las víctimas en Ecuador.
Observaciones del Consejo de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura (CJ) presentó varias observaciones al proyecto. Pilar Rassa, subdirectora nacional del CJ, enfatizó la importancia de una normativa que asegure la reparación integral a las víctimas. Sin embargo, señaló que la propuesta debe ajustarse a la realidad actual, poniendo énfasis en los derechos que asisten a las víctimas.
La delegada del CJ solicitó una definición clara de reparación integral, acorde con la Constitución de la República. Además, propuso la inclusión de un acápite sobre la repetición, mecanismo clave en el ámbito de los derechos humanos.
La tutela judicial efectiva y enfoque de género
Sebastián Benítez, también del CJ, subrayó la necesidad de incorporar la “tutela judicial efectiva” y el principio de “debida diligencia” en el proyecto. Indicó que la propuesta no debe limitarse a la “tutela legal”, sino que debe asegurar la protección real de los derechos.
Por su parte, Karina Barros, jefa Departamental Nacional de Derechos Humanos, destacó la ausencia de un enfoque de género en el proyecto. Afirmó que “las violaciones a los derechos humanos no son neutras” y que se debe considerar el principio pro persona, en línea con convenciones internacionales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Aportes de la procuraduría y estructura
La Procuraduría General del Estado también expuso su posición. Alfonso Fonseca, director subrogante de Derechos Humanos, manifestó el compromiso de la institución con la construcción colectiva de la normativa. Aseguró un enfoque preciso en sus aportes.
El abogado Álvarez León, de la misma entidad, planteó la necesidad de modificar la estructura del proyecto de ley. Sugirió incorporar un acápite específico sobre la institucionalidad para fortalecer la implementación de la ley. La iniciativa contempla tres títulos principales: disposiciones generales, derechos de las víctimas, y jurisdicción y competencia. Este proyecto busca llenar un vacío legal en Ecuador sobre la protección y reparación de víctimas.
