El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió no calificar el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), propuesto por el asambleísta Santiago Díaz, que buscaba modificar la edad de consentimiento sexual. Esta decisión unánime, respaldada por siete de sus miembros, se tomó el 16 de julio de 2025 en la sede de la Asamblea Nacional en Quito, debido a posibles vicios de inconstitucionalidad y un conflicto de intereses del proponente.

Fundamentos del rechazo

La resolución del CAL acogió los criterios de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL). El informe técnico jurídico de la UTL, aunque no vinculante, consideró posibles vicios de inconstitucionalidad en la propuesta. La UTL argumentó que la iniciativa generaba un retroceso en los derechos humanos. También afectaba la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Mishel Mancheno, proponente de la moción para no calificar el proyecto, resaltó un conflicto de intereses. Mancheno sostuvo que la modificación del artículo 175 del COIP era propuesta por un asambleísta Santiago Díaz que enfrenta una denuncia por violencia sexual a una menor de edad. Este hecho restaría legitimidad y ética a la iniciativa. Calificar el proyecto, según Mancheno, equivaldría a otorgar un espacio legislativo a una persona investigada por un delito grave. La intención sería usar la Asamblea Nacional para evadir responsabilidades.

Otras iniciativas legislativas

Con siete votos, el CAL también calificó a trámite tres iniciativas. Estas buscan modificar el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA). El objetivo es garantizar la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes. Se busca protegerlos frente al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. También se busca su protección contra el reclutamiento con fines delictivos. Estas iniciativas avanzarán en la Comisión de la Niñez.

Finalmente, una nueva reforma al Código Orgánico Administrativo (COA) seguirá su trámite. Esta moción contempla que las comisiones designadas unifiquen estos proyectos. Se unificarán con otros que ya se encuentren en trámite. Esto se hará según el principio de unidad de materia. La reforma continuará su curso en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.