La Fiscalía de Pichincha abrió una instrucción fiscal de 90 días contra Juan Gabriel A. Y., Darío Marcelino B. M., Jesús Antonio M. M. y Bryan Rubén M. M., por presunta asociación ilícita para robar vehículos, desarmarlos y vender sus autopartes en Quito y otras provincias. Seis allanamientos en el norte de la capital revelaron evidencias clave.
En una operación coordinada, la Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron seis allanamientos el 9 de julio de 2025. Ocurrió en los barrios Comité del Pueblo, Llano Grande y Pusuquí, al norte de Quito. Durante los operativos, las autoridades encontraron un equipo para remarcar vehículos. Además, de una camioneta seccionada en cuatro partes, otro vehículo destruido por un choque, autopartes, vehículos reportados como robados y sustancias estupefacientes.
Evidencias
Estas evidencias constan en el acta correspondiente durante la audiencia de formulación de cargos. La investigación, iniciada en febrero de 2025, incluyó seguimientos, vigilancias y escuchas telefónicas. Estas permitieron identificar a los cuatro sospechosos como parte de una red dedicada al robo de vehículos.
Según la Fiscalía, los procesados operaban en bodegas y estacionamientos donde desarmaban los vehículos robados para vender sus piezas en talleres mecánicos de Quito y enviarlas como encomiendas a Cayambe, Otavalo, Tena y Zaruma.
Modus operandi de la red
La Fiscal del caso explicó que los vehículos robados eran desmantelados para extraer autopartes y accesorios, los cuales se comercializaban en talleres locales o se enviaban a otras provincias mediante transporte interprovincial. Además, los restos de los vehículos fragmentados eran vendidos al peso como chatarra, generando ganancias adicionales para la red.
Este esquema, según las autoridades, evidencia una estructura organizada que aprovechaba la demanda de autopartes de vehículos en el mercado negro.
El caso refleja un problema recurrente en Ecuador.
Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el robo de vehículos en 2024 alcanzó los 16.482 casos a nivel nacional, con Pichincha concentrando el 28% de estos delitos. La venta de autopartes robadas mueve un mercado ilícito estimado en $50 millones anuales, alimentando redes criminales locales.
Durante la audiencia del 9 de julio, el Juez dispuso que los cuatro procesados se presenten tres veces por semana ante la autoridad competente como medida cautelar, mientras se desarrolla la instrucción fiscal de 90 días. La Fiscalía presentó informes de inteligencia y evidencias físicas que sustentan la presunta participación de los sospechosos en la red criminal de robo de vehículos. (27)
