Los ciudadanos no somos clientes de segunda. Pagamos impuestos, tarifas y contribuciones porque confiamos —o al menos esperamos— recibir a cambio servicios públicos de calidad.
Agua potable, luz, transporte, recolección de basura, internet de CNT o lo que sea que ofrezcan desde la administración pública, tiene un costo que ya estamos cubriendo. No lo regalan.
Pagamos para que funcione, no para que nos cuenten por qué no funciona. Si la gestión es torpe, lenta, corrupta o improvisada, ese no es un problema del usuario. Es problema de quien administra mal.
Los discursos sobre falta de recursos, contratos demorados o trámites eternos son argumentos de manual para justificar lo injustificable. Y mientras tanto, el ciudadano espera. Espera que llegue el agua, que recojan la basura, que reparen el poste, que respondan el reclamo.
Ya es tiempo de dejar de normalizar la mediocridad con explicaciones técnicas. La gente no quiere más excusas disfrazadas de diagnósticos: quiere soluciones. Quien no puede con el encargo público, que dé un paso al costado, porque cuando se paga por algo, lo mínimo que se espera es que funcione.
