Ecuador continúa siendo un país solidario que acoge a personas refugiadas y desplazadas por la fuerza, con un registro histórico de 80 mil personas reconocidas como refugiadas hasta finales de mayo de 2025, según datos oficiales de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Este número refleja el impacto de conflictos, violencia y crisis humanitarias en la región, que han obligado a miles a buscar protección en territorio ecuatoriano.
La mayoría de estas personas proviene de Colombia y Venezuela, países que enfrentan situaciones de violencia y crisis socioeconómica que impulsan la movilidad humana. El informe de ACNUR revela que el 55% de la población refugiada y migrante en Ecuador es venezolana, mientras que el 38% es colombiana. Además, un pequeño porcentaje proviene de otros países como Cuba, Yemen y Siria.
Este fenómeno se desarrolla en un contexto nacional complejo, donde la violencia y la inseguridad han aumentado, afectando especialmente a las comunidades vulnerables, incluidas las personas refugiadas. En 2024, Ecuador registró más de 7 mil homicidios intencionales, cifra que impacta directamente en la convivencia y la estabilidad de la población desplazada.
Más de 80 mil personas refugiadas: Procedencia y características demográficas
El análisis de ACNUR indica que la población refugiada en Ecuador es mayoritariamente joven y en edad productiva. El 59% de estas personas tiene entre 18 y 59 años, mientras que el 35% corresponde a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Además, el 48% son mujeres y niñas, un dato que resalta la importancia de diseñar políticas de protección específicas para este grupo.
En cuanto a la distribución geográfica, las provincias de Pichincha y Guayas concentran la mayor parte de la población refugiada y migrante, manteniendo un porcentaje estable desde 2023. Estas zonas se han convertido en los principales puntos de acogida, lo que genera retos en términos de servicios sociales y oportunidades de integración.
Necesidades específicas y desafíos de protección
ACNUR reporta que durante 2024 se registraron 97.550 necesidades específicas de protección (NEPs) entre la población desplazada, afectando a 38.953 personas que enfrentaron múltiples vulnerabilidades simultáneamente. Entre las principales necesidades destacan la falta de acceso a necesidades básicas (35%), la ausencia de documentación regular (20%) y el riesgo de que niños y niñas abandonen la escuela (9%).
Acnur reporta 315.000 desplazados en Ecuador debido a inseguridad
Estos datos reflejan un deterioro en las condiciones de vida y acceso a servicios esenciales. En los primeros cuatro meses de 2025, la tendencia se mantiene, con miles de personas todavía sin cubrir sus necesidades básicas y sin documentación adecuada. ACNUR alerta que estas cifras podrían superar las registradas en 2024, lo que evidencia la urgencia de fortalecer las respuestas multisectoriales para proteger y apoyar a esta población.
Estado socioeconómico y acceso a servicios para más de 80 mil refugiados
El informe destaca que la población refugiada y migrante enfrenta barreras estructurales que dificultan su integración plena. En salud, el 7% de los colombianos y el 3% de los venezolanos presentan alguna discapacidad, lo que demanda un reforzamiento en los servicios especializados. Sobre educación, el promedio de escolaridad es de 10.9 años para colombianos y 13.7 para venezolanos, cifras que evidencian desigualdades en comparación con la población ecuatoriana.
En el ámbito laboral, la mayoría trabaja en la informalidad: solo el 6.5% tiene empleo formal, mientras que el 93% está en empleos informales, situación que se agrava para quienes tienen estatus irregular. La tasa de desempleo entre venezolanos fue del 14.4% en 2024, muy superior al promedio nacional, y las mujeres enfrentan tasas de desempleo tres veces mayores que los hombres. Además, casi el 60% de los trabajadores está subempleado, con ingresos por debajo del salario mínimo.
La precariedad habitacional también es significativa, con un 13.9% de hogares venezolanos afectados por hacinamiento, frente al 6.3% de colombianos. En términos de pobreza, alrededor del 31% de colombianos y 32% de venezolanos viven en condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, aunque estas cifras son inferiores al 40.1% registrado en la población ecuatoriana general.
Impacto de la violencia y la inseguridad en la población desplazada
La violencia creciente en Ecuador representa un factor agravante para las personas refugiadas y desplazadas. El aumento de homicidios, extorsiones y crimen organizado afecta principalmente a hombres jóvenes entre 18 y 34 años, y tiene un impacto directo en la estabilidad de las comunidades de acogida. La provincia de Guayas, segunda en número de refugiados, fue la más afectada por homicidios en 2024.
Este contexto de violencia también genera miedo y vulnerabilidad en quienes huyeron de sus países de origen. Según ACNUR, el 38% de las personas desplazadas salió de su país porque algún miembro del hogar fue víctima directa de violencia. Además, un 23% emigró buscando mejores condiciones económicas y otro 20% por falta de acceso a derechos y servicios básicos.
Llamado a la solidaridad y cooperación internacional
ACNUR reconoce el compromiso de Ecuador con la protección internacional y la acogida de personas refugiadas, pero advierte que los recursos para atender estas necesidades han disminuido. Desde 2025, recortes en la financiación humanitaria han obligado a reducir personal y programas, poniendo en riesgo la protección de miles de personas y la estabilidad regional.
Por ello, la agencia hace un llamado urgente a la comunidad internacional, gobiernos, sector privado y sociedad civil para fortalecer el apoyo a la inclusión, protección y bienestar de las personas refugiadas. “Seguir apoyando su inclusión, protección y bienestar es una inversión en paz, en justicia y en el futuro de todas y todos”, enfatiza Federico Agusti, representante de ACNUR en Ecuador.
