La reciente sentencia contra el exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario de la Reconstrucción Carlos Bernal por el delito de peculado, debido al abuso de los fondos destinados a la reconstrucción posterior al terremoto, representa un avance judicial importante, pero también revela la magnitud de la deuda pendiente con Manabí.
Los fondos desviados eran recursos destinados a la reconstrucción de miles de viviendas, centros de salud, escuelas y servicios básicos, muchos de los cuales siguen hoy inconclusos.
La sentencia, aunque necesaria, representa una forma parcial de justicia, pues hay más casos sin investigar, más obras inconclusas y más recursos faltantes. Hubo coimas, contratos incumplidos y una cadena de negligencias que perjudicaron a quienes más necesitaban la ayuda estatal.
En varias comunidades aún se observan casas a medio construir, personas viviendo en condiciones precarias y servicios públicos inexistentes. La impunidad ha protegido durante años a contratistas que nunca cumplieron y a funcionarios que no exigieron resultados.
La Constitución determina que el peculado, el cohecho y el enriquecimiento ilícito no prescriben. Es deber del Gobierno y de la Asamblea Nacional crear una comisión que investigue con rigor estos hechos.
