La Fiscalía de Argentina ha recurrido este lunes la medida que permite a la expresidenta del país Cristina Fernández cumplir su condena en arresto domiciliario. Se trata de una sentencia de seis años por corrupción

Lo que dice el Ministerio Público de argentina

“Es un desatino más de los tantos desaciertos que ha llevado adelante el tribunal” y un “privilegio indebido” para la exmandataria, han denunciado los fiscales. Se tratad de Diego Luciani y Sergio Mola, que ya habían solicitado anteriormente que no se concediese la medida.

Luciani y Mola han asegurado que los “casos graves de corrupción pública” deben conllevar el cumplimiento de la condena “como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto“, según ha recogido el diario ‘La Nación’.

“Esto configura un estado de marcada, extendida y subsistente ilegalidad, con entidad para tornarse irreversible”, han señalado. Los fiscales se han quejado de “un trato desigual frente a los otros ocho condenados” en esta causa que se presentaron en tribunales y fueron trasladados a prisión.

Más argumentos de los fiscales

Los fiscales pusieron en duda las “expectativas reales de resocialización, readaptación o reinserción” que genera la concesión de la prisión domiciliaria, así como la posibilidad de que “la pena, ejecutada bajo estas condiciones irregulares, pueda considerarse un instrumento estatal útil y eficaz para alcanzar los fines sociales que se propone”.

Además, al responder a la afirmación del tribunal sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad de Cristina Fernández en una cárcel. Los fiscales Mola y Luciani cuestionaron: “¿Cuál será entonces la alternativa que debería seguirse en caso de que Cristina Fernández incumpliera las reglas de conducta que los jueces del tribunal le impusieron?”.

El 7 de julio será un día clave

La Cámara Federal de Casación decidirá sobre la apelación en una audiencia convocada para el próximo lunes, 7 de julio. Ese mismo día, los magistrados evaluarán también un recurso presentado por la defensa de la expresidenta. Se trata de un pedido de cambio del régimen de visitas y al uso de la tobillera electrónica.