En pocos días se han tramitado y emitido tres leyes “económicas y urgentes”.
Primero: el Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, que no contenía nada de lo que su título pomposo sugería en forma inexacta; se lo cambió de nombre y se emitió como Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, y se publicó en el Registro Oficial del martes 10 de junio del 2025.
Al día siguiente, se publicó la Ley Orgánica de Inteligencia. El jueves 26 de junio del 2025, se expidió la Ley Orgánica de Integridad Pública.
Estas tres leyes son inconstitucionales porque modifican decenas de cuerpos jurídicos. Solo esta última, la llamada de “Integridad Pública”, cambia 19 leyes. Es increíble que la Función Ejecutiva y la Función Legislativa olviden las formalidades establecidas en la propia Constitución para expedir un cuerpo jurídico.
El art. 136 de la Constitución establece que “Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el artículo que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará”.
El artículo siguiente, el 137, obliga a que “El proyecto de ley será sometido a dos debates.” Aspecto que tampoco se ha cumplido, pues muchos artículos de distintos cuerpos jurídicos se encabalgaron en los últimos minutos del supuesto segundo debate. El art. 140, inciso segundo, consagra que “Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la presidenta o presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción”. Regulación que tampoco cumplen.
Pero no solo existen inconstitucionalidades de forma. Lo más grave está en el contenido porque son regulaciones que consagran tal concentración de poderes para el presidente que, sin exagerar, se está consolidando un régimen dictatorial sin precedentes. En dichas leyes, y debe advertirse a la población ecuatoriana, se están aprobando regulaciones para represión social ilimitada, sin freno ni control, sin contrapesos que pongan límite a un poder unipersonal omnímodo.
Tanto la Revolución Ciudadana como ADN, con sus dudosas mayorías, son organizaciones de disciplina vertical, que se juntan con toda facilidad, como lo hicieron hace pocos días para aprobar normas electorales que excluyen a las minorías. El poder inalterable fluye de modo continuo, lineal y acumulado, desde un ático de Bélgica hasta Samborondón junto a su núcleo de panas. Ellos deciden el destino del país en forma nada democrática.
