Después de la segunda vuelta electoral que declaró el triunfo del señor Noboa Azin, ese domingo 13 de abril, se dio una algarabía por parte de los ganadores y de muchos adeptos al gobierno, de que un ejército de personas adultas mayores e incluso personas con discapacidades habían salido alborozados a darle el voto al candidato triunfador.
Tengo la seguridad de que muchos de ellos ahora se sienten burlados y desengañados frente a la falta de turnos médicos en los hospitales públicos y del IESS, por la falta de medicina, de reactivos y otros insumos médicos para exámenes de laboratorio. En Manabí la salud está colapsada: el tomógrafo y el ecógrafo están averiados en el hospital del IESS de Portoviejo. En el portal de compras públicas hay una serie de procesos para la adquisición de dispositivos médicos indispensables como agujas, catéteres, lancetas, mascarillas, sondas, vendas, bisturíes; ni siquiera existen guantes para los cirujanos y no se realizan las compras.
Ya no hay pretextos a estas alturas del gobierno, ya no hay a quién echarle la culpa por tantas deficiencias en la atención de los servicios públicos como el Registro Civil, donde también cuestionado por la falta de turnos, la corrupción y, en otras ocasiones, la falta del material para las cédulas y pasaportes. Los tramitadores siguen haciendo de las suyas.
Otro engaño desenmascarado es el alza de las tarifas de la electricidad; a las oficinas de CNEL llegan personas adultas mayores y con discapacidad a reclamar por el alza en el consumo de la energía. Los bonos que se dieron en época preelectoral fueron tan solo parte de la campaña para la segunda vuelta. Todo fue un ardid. ¡Al parecer los usuarios estamos ahora devolviendo con creces los mal llamados bonos!
Veo con tristeza e indignación la queja de este “ejército” de adultos mayores y personas con discapacidad lamentándose de que desde el año anterior a muchos no se les devuelve los valores por concepto de la devolución del IVA. Pero lo más indignante es haber escuchado al director nacional del SRI decir que no se ha realizado últimamente la devolución “porque ha aumentado el número de beneficiados”. Qué justificación tan irrisoria. El Estado no tiene que recurrir al presupuesto nacional, pues tratándose de una devolución, más bien el gobierno está reteniendo indebida y dolosamente valores que no le corresponden. El SRI, inmediatamente después de que el beneficiario presente las facturas, tiene que hacer esa devolución sin tardanza. ¿Por qué retener estos valores que son mínimos, pero de grandes beneficios para muchos ecuatorianos que usan estos recursos, especialmente para medicinas y otras necesidades básicas?
La Defensoría del Pueblo, como organismo independiente del gobierno, debe actuar sin demora en defensa de los derechos de estos sectores vulnerables.
