El aumento de penas para quienes integren bandas organizadas es una medida necesaria en el contexto actual. La sociedad demanda respuestas firmes ante la violencia criminal, y una legislación más severa apunta a frenar el avance del delito. Sin embargo, el endurecimiento de sanciones no debe aplicarse de forma automática. Corresponde a los jueces establecer, caso por caso, cuándo procede esta figura para evitar actos de injusticia.
Es posible que el solo incremento de penas no tenga el efecto disuasivo esperado si no se combate, al mismo tiempo, la impunidad. Las fallas en la investigación, la débil capacidad operativa del sistema judicial y la corrupción estructural siguen siendo obstáculos graves para una justicia eficaz.
Si bien el país ha pedido penas más duras contra los miembros de grupos delictivos, considerados terroristas por el Gobierno, la solución no puede centrarse únicamente en el castigo. La inseguridad que vive Ecuador exige un enfoque integral que incluya prevención, fortalecimiento institucional, inteligencia policial y justicia transparente.
Las sanciones más severas son un paso, pero no bastan si no van acompañadas de acciones coherentes para garantizar que el delito no quede impune. Solo así se podrá recuperar el control del Estado y la confianza ciudadana.
