La investigación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sobre el accionar de jueces y fiscales que habrían liberado a delincuentes es un paso necesario para transparentar un sistema judicial que arrastra desconfianza y desprestigio. El proceso debe desarrollarse con responsabilidad y sin sesgos, considerando el contexto de cada caso.

Los datos presentados por la Policía, que indican que el 39 % de los últimos detenidos en flagrancia fueron liberados, son alarmantes. Sin embargo, también deben ser valoradas las razones jurídicas que argumentan jueces y fiscales, especialmente cuando apuntan a errores en los procedimientos policiales que invalidan las detenciones.

Por ello, resulta fundamental que esta revisión no se limite a señalar culpables sino que trace un diagnóstico real de las fallas estructurales. Si existen operadores de justicia que actuaron de forma dolosa o negligente, deben enfrentar las consecuencias; pero también es imprescindible garantizar su seguridad y fortalecer su rol frente al crimen organizado.

Una justicia débil, cuestionada, amenazada o presionada es terreno fértil para la impunidad. El país necesita respuestas equilibradas y reformas sensatas, no escándalos ni persecuciones, pues la institucionalidad está en juego.