La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a pesar de ser un pilar fundamental del sistema de gobernanza global, adolece de fallas estructurales significativas y asimetrías de poder inherentes a su nacimiento, especialmente en el funcionamiento del Consejo de Seguridad y su poder de veto.
El poder de veto es el derecho que tienen los cinco miembros permanentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) del Consejo de Seguridad de la ONU de bloquear cualquier resolución sustantiva, independientemente del apoyo que tenga dicha resolución por parte de los demás miembros. Aunque el objetivo original era asegurar que las cinco potencias estuvieran de acuerdo en las acciones para mantener la paz y la seguridad internacional, en la práctica, muchas de sus decisiones han sido cuestionadas.
Durante el conflicto sirio, los vetantes Rusia y China utilizaron repetidamente su poder de veto para bloquear resoluciones del Consejo de Seguridad que habrían condenado al gobierno sirio por el uso de armas químicas, o habrían impuesto sanciones más severas o permitido acciones humanitarias eficaces. En el caso de las resoluciones del Consejo de Seguridad que condenan las acciones de Israel, Estados Unidos ha vetado en 49 ocasiones dichas resoluciones, siendo la más reciente la resolución que pedía un cese del fuego en Gaza.
El vetante Rusia ha bloqueado resoluciones que condenaban su agresión contra Ucrania desde la anexión de Crimea en 2014 hasta la invasión a gran escala de 2022. Este es un caso flagrante de un miembro permanente vetando una resolución que lo condena por una violación del derecho internacional.
El poder de veto constituye una falla estructural del sistema de gobernanza global, quizás la más crítica, al haber incapacitado de actuar frente a violaciones a los derechos humanos y de aplicar soluciones efectivas a los conflictos globales.
Estamos ante una composición y representatividad obsoleta del Consejo de Seguridad que refleja el equilibrio de poder de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, muy diferente a la representación y dinámicas de poder de la geopolítica actual, que demanda ampliar el número de miembros permanentes y no permanentes.
La incapacidad de imponer soluciones por parte de la ONU está relacionada con la dependencia del financiamiento por parte de los Estados miembros y de no contar con un ejército propio o una capacidad coercitiva independiente para hacer cumplir sus decisiones sin el consentimiento de los Estados poderosos, es decir, los países con mayor poder militar y tecnológico tienen una influencia desproporcionada en las operaciones de paz y seguridad, ya que son ellos quienes aportan la mayor parte de las tropas, el equipo y la financiación para estas misiones.
