A las 04h00, unidades de la Policía Nacional ejecutaron múltiples allanamientos tras la denuncia de un comerciante extorsionado. Los sospechosos exigieron un pago inicial y una mensualidad al dueño de un local comercial, quien, al negarse, sufrió un ataque con disparos contra su negocio, según informó la institución policial. Los agentes capturaron a cinco individuos, incluido un privado de libertad que operaba desde el Centro de Reclusión Social El Inca en Quito.

Los allanamientos, coordinados por la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE), permitieron decomisar un arma de fuego, 10 celulares y una cantidad no especificada de dinero. Los indicios fueron trasladados bajo cadena de custodia a la Policía Judicial para su análisis.

La Policía Nacional envió los 10 celulares a peritajes para rastrear comunicaciones vinculadas a la red de extorsión. El arma de fuego, utilizada en el ataque al negocio, será analizada para determinar su participación en otros delitos. El dinero decomisado, presuntamente obtenido de extorsiones, está bajo investigación para identificar su origen, según las autoridades.

Presos por red de extorsión causaban temor

La Policía Nacional continua las pesquisas para identificar más miembros de la red. Los agentes revisaron cámaras de seguridad en el lugar del ataque y entrevistaron a testigos, quienes evitaron hablar por temor. La Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida) colaboró para determinar si los detenidos participaron en otros casos de extorsión en Pichincha y Orellana.

Los cinco aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía para enfrentar cargos por extorsión. El privado de libertad en El Inca fue aislado para evitar comunicaciones con cómplices externos. Las audiencias iniciales se realizaron en Quito, mientras la Policía Judicial analizó los celulares para rastrear la estructura criminal.

Pichincha y Orellana enfrentan un aumento de extorsiones en 2025, con 200 casos reportados hasta el 3 de junio, según la Policía Nacional. Los grupos delictivos organizados, como Los Lobos, operaron desde cárceles como El Inca, coordinando crímenes contra comerciantes. El ataque al negocio en Pichincha reflejó una táctica común de intimidación con disparos para presionar pagos.

Impacto en la comunidad

Los comerciantes de Pichincha expresaron alivio tras las detenciones, pero exigieron mayor seguridad. Los habitantes de ambas provincias piden reforzar patrullajes en zonas comerciales. En Orellana, los moradores solicitaron programas para prevenir la participación de presos en actividades delictivas desde cárceles.

La Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, intensificó operativos en Pichincha y Orellana para combatir extorsión y delincuencia organizada. Las autoridades revisaron controles en El Inca para evitar que reclusos coordinen crímenes. La UNASE continuó rastreando redes similares en otras provincias.

La Policía Nacional instó a los ciudadanos a denunciar extorsiones al 1800-DELITO, destacando la importancia de la colaboración comunitaria. Los operativos en Pichincha y Orellana reforzaron la lucha contra el crimen organizado, buscando restablecer la seguridad en los negocios locales. (22)