En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Enrique Aristizábal, director de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, aseguró que “le encantaría que un militar traidor a la patria sea fusilado”.

Lo declaró en referencia a uniformados que, tras ser dados de baja por corrupción o vínculos con estructuras criminales, son restituidos por el sistema judicial. El alto mando denunció la falta de coordinación entre justicia y seguridad, en medio del conflicto armado interno que enfrenta el país.

El cruce entre Fuerzas Armadas y justicia

Este 18 de junio fue una jornada marcada por declaraciones encendidas, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para exponer su preocupación frente a la actuación de jueces y fiscales en el contexto del conflicto armado interno.

Durante su intervención, Enrique Aristizábal no solo señaló la existencia de “ovejas negras” dentro de las filas militares, sino que expresó con dureza su frustración. Esto por la reintegración de “malos” elementos a la institución: “Me encantaría que un militar traidor a la Patria sea fusilado”, afirmó.

Aristizábal aseguró que, aunque estos uniformados fueron dados de baja, muchos lograron volver al servicio activo por fallos judiciales. Añadió que incluso recibiendo salarios retroactivos de hasta tres años, sin haber trabajado un solo día.

Mientras el 99% o más de los uniformados están operando el territorio, “hay un 0.5% que hacen quedar mal”, dijo.

Denuncia de impunidad y crisis judicial ante la inseguridad

Según las declaraciones, existe un patrón que favorece a criminales y socava los esfuerzos militares. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que, en lo que va de 2025, las Fuerzas Armadas han capturado a más de seis mil sospechosos, cumpliendo con todos los protocolos legales.

Sin embargo, muchos de estos detenidos fueron liberados en pocos días, incluso tras ser capturados en flagrancia. “Este fenómeno no solo convulsiona a las Fuerzas Armadas, sino a toda la población”, afirmó Loffredo. El Ministro calificó el problema como una “grave desarticulación” entre los esfuerzos militares y el sistema judicial. “El país necesita un sistema de justicia sólido, íntegro y comprometido con el bienestar de todos los ecuatorianos”, remarcó.

La presión desde el Ejecutivo por inseguridad

El ministro del Interior, John Reimberg, fue más allá y no descartó exhibir los rostros de jueces y fiscales que han dejado en libertad a presuntos delincuentes. “No tengo inconveniente en mostrar los rostros de quienes tuvieron la valentía de dejar libre a un extorsionador o un asesino”, advirtió.

Criticó además a la Fiscalía por su inacción ante casos evidentes de irregularidades.