La prevención de desastres exige decisiones firmes, tanto de las autoridades como de la ciudadanía.
Por eso, urge que los municipios suspendan la entrega de permisos de construcción en zonas de riesgo.
No se trata solo de una medida preventiva, sino de una acción indispensable para proteger vidas humanas y evitar daños que, cada invierno, se repiten con dolorosa frecuencia.
Manabí vivió una temporada lluviosa crítica, con sectores anegados y familias afectadas, que se repite con más o menos fuerza cada año. Muchas viviendas están asentadas en riberas, laderas inestables o cauces secos, donde el peligro es inminente. Todavía hay familias en albergues temporales que, con el cierre de estos espacios, no tienen a dónde ir.
Los gobiernos municipales tienen la competencia de aprobar o rechazar construcciones y de vigilar las zonas de riesgo. Sin embargo, la permisividad ha sido constante y ha dado paso a un crecimiento urbano sin control ni criterio técnico.
La planificación urbana debe sustentarse en estudios geotécnicos, mapas de riesgos y sostenibilidad. No puede ser que cada año se hable de emergencia y luego todo vuelva al desorden.
La prevención empieza en el escritorio donde se aprueba —o se niega— un permiso de construcción. Ahí comienza la diferencia entre la tragedia y la seguridad.
