Aunque el avance judicial en el caso Reconstrucción representa un paso en la búsqueda de responsabilidades, no alcanza para hacer justicia con Manabí ni con los damnificados del terremoto de 2016. 

La instrucción fiscal actual aborda el desvío de fondos hacia obras que no estaban contempladas en el plan original, como parques y espacios recreativos, lo cual, si bien grave, es apenas una parte del problema.

Lo más indignante sigue siendo la contratación de viviendas que nunca se entregaron, dejando en la indefensión a cientos de familias que quedaron doblemente damnificadas. Muchas obras públicas clave quedaron inconclusas, como la vía Circunvalación de Manta o el muelle de Crucita. Esas fallas, que tienen responsables concretos, siguen impunes, sin sanciones ni a contratistas ni a contratantes.

Los efectos del terremoto no terminaron con el sismo; se prolongaron en la corrupción, la negligencia y la desidia institucional que echaron al traste las aspiraciones de reconstrucción y reactivación económica.

Por eso, Manabí necesita más que un juicio simbólico. Requiere que se investigue a fondo, que se abran procesos por las obras inconclusas y los contratos incumplidos. La justicia debe ir más allá de lo que hoy se investiga, pues la Constitución señala como imprescriptibles delitos como el cohecho y el peculado.