Wilson G. fue sentenciado el 12 de junio a 22 años de prisión por haber violado a su hija de 12 años, en hechos ocurridos en 2016, en Santo Domingo, según confirmó la Fiscalía General del Estado. Luego de que se descubriera su delito huyó y estuvo prófugo varios años. Sin embargo, hace quince días la Policía logró capturarlo para que enfrente a la justicia. Ahora deberá pagar la pena impuesta.
Tribunal dicta la pena máxima por violación
El Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo declaró culpable a Wilson G. del delito de violación contra su hija, cometido de forma reiterada en el inmueble donde ambos vivían. El caso se conoció en agosto de 2017, cuando la menor denunció los hechos a una docente de su escuela.
La Fiscalía sostuvo que el procesado ejercía violencia física y psicológica contra la niña. La víctima relató los abusos durante una entrevista protegida. Su testimonio fue ratificado por informes psicológicos y pericias ginecológicas legales, los cuales evidenciaron afectaciones derivadas de agresiones sexuales.
Pruebas contundentes y reparación económica
Durante la audiencia de juicio, se expusieron múltiples pruebas: el testimonio anticipado de la víctima, pericias médico-legales, informes psicosociales, el reconocimiento del lugar de los hechos y declaraciones de docentes que alertaron del caso.
El Tribunal impuso la pena máxima por violación prevista en el artículo 171, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), aplicable cuando la víctima es menor de 14 años. Además, ordenó el pago de una multa equivalente a 600 salarios básicos unificados y 3.000 dólares como reparación integral a la víctima. La menor se encuentra actualmente bajo medidas de protección y recibe atención psicológica especializada.
El abuso infantil en cifras: un problema estructural
Los casos denuncias de violencia sexual infantil son alarmantes en Ecuador. En al menos seis de cada diez casos, el agresor pertenece al entorno familiar de la víctima. Santo Domingo no es ajena a esta realidad. Organismos de derechos de la niñez han reiterado la necesidad de fortalecer la prevención, así como los canales de denuncia en escuelas y centros comunitarios. La intervención oportuna del entorno educativo fue crucial en este caso.
Autoridades insisten en la denuncia temprana
La Fiscalía General del Estado recordó que estos delitos no prescriben cuando involucran a menores de edad y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio de abuso. También destacó el rol de las instituciones educativas como actores claves en la identificación de casos de violencia sexual infantil.
La pena máxima por violación impuesta en este proceso es considerada una señal clara del compromiso del sistema judicial con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes (31).
