El Municipio de Quito enfrenta un fraude millonario por parte de una empresa publicitaria, que explotó los mupis en el espacio público capitalino por ocho años sin pagar lo acordado, generando una deuda de $76 millones, y obligando a las autoridades a iniciar acciones legales para recuperar los fondos de la ciudad.
Municipio de Quito: pérdidas millonarias
La ciudad de Quito se ha visto envuelta en un escándalo de corrupción y aprovechamiento del espacio público que ha generado pérdidas millonarias para el Municipio. Un contrato, firmado en 2018, permitió a una empresa publicitaria explotar los paneles publicitarios, conocidos como mupis, ubicados estratégicamente en las paradas de autobuses de la capital. La irregularidad principal: el acuerdo fue nulo desde su origen.
Según Andrés Segovia, procurador metropolitano de Quito, el contrato se suscribió sin la aprobación del Concejo Metropolitano. Además, la Procuraduría General del Estado ya había observado el documento, declarándolo irregular. A pesar de estas advertencias, la empresa procedió con la explotación publicitaria. Este contrato ilegal incluyó cláusulas restrictivas, como una que impedía cualquier otra publicidad en un radio de 200 metros en zonas como la avenida Naciones Unidas y Amazonas. Esta disposición violó directamente la ordenanza municipal que regula la instalación de vallas y paneles en la ciudad, limitando la pluralidad de anunciantes.
Beneficios millonarios para pocos
Durante ocho años, la empresa Sarmiento colocó sus anuncios y vendió sus espacios. Mientras tanto, el Municipio de Quito solo recibió $12 mil en todo el período. Esta cifra es irrisoria al compararla con los $1.2 millones anuales que debieron ingresar a las arcas municipales. La diferencia es abismal: más de $9 millones que la ciudad no percibió. Esta disparidad resalta una gestión deficiente y una posible colusión que perjudicó gravemente las finanzas públicas. La Procuraduría General del Estado declaró el contrato como nulo. Actualmente, la empresa adeuda a la ciudad más de $76 millones, incluyendo intereses y recargos.
Batalla legal y futuro del espacio público
En 2022, la empresa presentó cuatro acciones de protección. Sorprendentemente, estas acciones se realizaron en Guayaquil, no en Quito, donde el contrato tenía efecto. Segovia calificó esto como «insólito», ya que buscaban que jueces sin jurisdicción resolvieran sobre un contrato municipal quiteño. Tres años después, la justicia falló a favor de las autoridades quiteñas, declarando el contrato definitivamente cerrado. El Municipio ha procedido a cubrir los mupis, y la ciudad comienza a tomar conciencia de lo perdido.
La deuda con Quito oscila entre $11 y $12 millones. Sin embargo, con intereses y recargos, asciende a $76 millones. Las autoridades han emitido títulos de crédito. Además, preparan medidas más drásticas, como la enajenación de bienes, el congelamiento de cuentas, e incluso la prohibición de salida del país para los responsables. Este caso es una oportunidad crucial para repensar la administración del espacio público. Segovia enfatiza la necesidad de reformar la ordenanza de vallas para evitar que unas pocas empresas monopolicen la publicidad. Es vital asegurar que la ciudad reciba lo justo por el uso de su espacio.
Lecciones aprendidas
El caso de los mupis en Quito subraya la importancia de la transparencia y la vigilancia ciudadana. La explotación ilegal del espacio público es una problemática que afecta directamente los ingresos de la ciudad. El Municipio de Quito ahora busca establecer un nuevo marco legal. Esto evitará futuros abusos y garantizará un uso justo del espacio público. El objetivo es que la ciudad recupere lo que le pertenece.
