El impuesto a la salida de divisas (ISD) es una barrera para la competitividad de la economía ecuatoriana. El Gobierno debería considerar su eliminación como parte de una estrategia para reactivar el aparato productivo y facilitar la inversión.
Este tributo afecta directamente a quienes importan insumos, realizan pagos al exterior por servicios o envían remesas. Personas que se encuentran fuera del país por razones de salud, trabajo o estudios también se ven perjudicadas.
Además, el ISD impacta en los costos de producción, lo que resta eficiencia a las empresas locales. En lugar de ser un instrumento de recaudación equitativo, termina encareciendo bienes y servicios, y limita la inserción de Ecuador en mercados más amplios.
La reciente exigencia de declarar y pagar el ISD por operaciones realizadas desde 2022 añade incertidumbre para los contribuyentes y presiona aún más a los sectores productivos.
Quitar este impuesto no significa debilitar la economía, sino dar señales de confianza para atraer inversión, estimular la producción y fomentar la competitividad.
El país necesita políticas que promuevan el crecimiento, no que lo limiten. Eliminar el ISD sería un paso en la dirección correcta.
