José Marcelo C. Z., de 43 años, fue condenado a 22 años de prisión por el delito de violación incestuosa cometido contra su hija menor, hecho ocurrido el 27 de julio de 2024 en Santo Domingo de los Tsáchilas, tras ser sorprendido en flagrancia por un familiar y procesado por Fiscalía con pruebas contundentes.
Hallazgo en flagrancia desató proceso judicial
El caso comenzó cuando el hermano del hoy sentenciado ingresó a la vivienda familiar. Encontró a José Marcelo C. Z. agrediendo sexualmente a su hija de 11 años. Alarmado, avisó a su pareja, quien a su vez informó a otro familiar. Este último dio parte a la Policía Nacional. Los agentes acudieron de inmediato al inmueble, donde detuvieron al agresor en delito flagrante. Posteriormente, la menor fue trasladada para recibir atención médica y psicológica. La Fiscalía inició la investigación bajo el protocolo especializado para delitos sexuales contra menores de edad. Durante el proceso, la niña brindó un testimonio anticipado en el que relató que los abusos habían ocurrido al menos cinco veces, incluso una vez en la finca de su abuelo.
Pruebas periciales fueron clave para la sentencia por violación incestuosa
En la audiencia de juicio, la fiscal del caso presentó una carga probatoria amplia. Se incluyeron los testimonios del médico legista, la trabajadora social, el psicólogo, los agentes aprehensores y el investigador especializado en delitos sexuales. Entre las principales evidencias se destacaron los informes periciales. El análisis P30 detectó la presencia de fluido seminal, mientras que el examen de perfil genético confirmó la coincidencia del ADN del acusado con los restos encontrados en la víctima. El Tribunal Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas valoró la contundencia de estas pruebas y dictó la sentencia condenatoria con la pena máxima permitida por la ley para este tipo de delito.
Contexto legal y cifras sobre delitos sexuales como la violación incestuosa
La Fiscalía General del Estado procesó este caso con base en el artículo 171, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la violación incestuosa con penas privativas de libertad de entre 19 y 22 años. Este caso refleja una constante preocupación en el país: el abuso infantil intrafamiliar, uno de los delitos más difíciles de detectar por la dinámica de silencio e intimidación dentro del entorno doméstico.
Reacciones institucionales y enfoque preventivo
Varias organizaciones han insistido en implementar programas preventivos en las escuelas y campañas masivas de sensibilización para promover la denuncia oportuna. Mientras tanto, la Fiscalía y el sistema judicial continúan enfrentando el desafío de garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual. Se busca reducir los niveles de impunidad en estos delitos graves (31).
