El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) avanza con rapidez y con aplicaciones cada vez más extendidas en campos como la medicina, la educación y la gestión pública. Se trata de una de las transformaciones tecnológicas más significativas de la era actual; sin embargo, su creciente influencia también plantea desafíos urgentes para las instituciones, los gobiernos y la sociedad.
El reciente proceso electoral en Ecuador dejó en evidencia algunos de esos desafíos. Durante la campaña se utilizaron herramientas de IA para alterar imágenes, fabricar audios y difundir contenidos falsos con el propósito de dañar la imagen de ciertos candidatos. Estas prácticas, además de afectar el normal desarrollo del debate democrático, ponen en riesgo la confianza pública en los procesos electorales.
Se impone la necesidad de regular el uso de la inteligencia artificial. No para frenar la innovación ni restringir su potencial, sino para establecer límites claros que garanticen un uso ético, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales.
La ausencia de reglas puede abrir la puerta a abusos, como la vulneración de la privacidad, la desinformación o la discriminación algorítmica. Por tanto, es indispensable construir principios jurídicos y éticos que acompañen el desarrollo tecnológico, sin obstaculizarlo.
