La Asamblea Nacional resolvió declarar improcedente el pedido judicial para levantar la inmunidad parlamentaria de Esther Cuesta, exasambleísta del movimiento Revolución Ciudadana (RC). Con 78 votos afirmativos, 65 negativos y 6 abstenciones, el Pleno trató el caso en una sesión convocada específicamente para este tema.
El pedido judicial partió del conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Hernán Barros. Esto en el marco del denominado caso Ligados, que investiga una presunta red de corrupción vinculada al correísmo. La solicitud buscaba que la Asamblea Nacional levantara la inmunidad de Cuesta para que la justicia pudiera procesarla por supuestos delitos relacionados con la designación de cargos públicos.
Informe jurídico de la Asamblea Nacional
Un informe de la Coordinación de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional concluyó que el Legislativo no tiene competencia para pronunciarse sobre la inmunidad de personas que ya no ostentan la calidad de asambleístas. El documento enfatizó que hacerlo iría en contra del principio de seguridad jurídica.
La moción para declarar improcedente la solicitud la presentó Esperanza Rogel, legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN). Rogel subrayó que Esther Cuesta dejó oficialmente sus funciones como asambleísta el 13 de mayo del 2025. Esto significa que actualmente Cuesta es una ciudadana común y ya no goza del fuero especial que otorga la Constitución a los miembros del Parlamento.
Contexto legal y constitucional
El artículo 128 de la Constitución de Ecuador establece que los asambleístas cuentan con fuero de Corte Nacional de Justicia solo durante el ejercicio de sus funciones. Para iniciar una causa penal contra un legislador, se requiere autorización previa de la Asamblea Nacional, salvo que el caso no esté relacionado con sus actividades legislativas.
Una vez que los asambleístas dejan el cargo, pierden el fuero y pueden ser procesados directamente por la justicia ordinaria, sin necesidad de autorización del Parlamento. Esta disposición legal permite que la Corte Nacional de Justicia actúe directamente en el caso Ligados, ahora que Esther Cuesta ya no ostenta funciones legislativas.
El caso Ligados y su impacto político
El caso Ligados involucra a Esther Cuesta como una de las figuras políticas que la Fiscalía busca vincular en una investigación sobre una presunta red de influencias en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y otras entidades estatales. El objetivo habría sido beneficiar políticamente al correísmo. Aunque los detalles del expediente permanecen reservados, el caso ha cobrado notoriedad por la implicación de exfuncionarios y actuales actores políticos.
La decisión de la Asamblea Nacional no exime a Esther Cuesta de enfrentar la justicia ordinaria en el caso Ligados. Simplemente, ahora la Corte Nacional puede proceder sin requerir el aval del Legislativo, marcando un precedente en el manejo de la inmunidad parlamentaria en Ecuador.
