Néstor Marroquín, líder del colectivo #ChaoPabel y promotor del proceso de revocatoria contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, presentó una denuncia en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha por supuesta difamación. La acción legal se basa en declaraciones que Muñoz habría realizado en un medio de comunicación, donde acusó a Marroquín de tener una sentencia penal por manejo de bases de datos. Marroquín, exige disculpas públicas por estas afirmaciones y por el uso del término “tránsfugas” para referirse a los ciudadanos que apoyan la revocatoria.

La denuncia, presentada por una presunta contravención penal de cuarta clase, responde a las declaraciones de Muñoz que, según Marroquín, afectan su reputación. El demandante reconoció haber sido condenado previamente por utilización dolosa de documentos falsos, pero niega que esto esté relacionado con el manejo de bases de datos, como afirmó el alcalde. El proceso de revocatoria, impulsado por el colectivo #ChaoPabel, ha recolectado 60.000 firmas en un mes, según Marroquín, quien anunció la activación de brigadas itinerantes para continuar la recolección en los próximos días.

Proceso de revocatoria

El proceso de revocatoria contra Pabel Muñoz se enmarca en un ambiente de tensión política en Quito. Marroquín, como líder del colectivo #ChaoPabel, argumenta que la gestión del alcalde ha generado descontento ciudadano, lo que motivó la iniciativa para recolectar firmas y convocar a un referéndum. Según la normativa ecuatoriana, para que la revocatoria prospere, se requiere un mínimo de 394.000 firmas válidas, equivalente al 25% del padrón electoral de la capital. Hasta el momento, las 60.000 firmas reportadas representan un avance significativo, aunque aún están lejos del objetivo.

Por su parte, Muñoz ha defendido su gestión, destacando proyectos de infraestructura y movilidad en la ciudad. Las declaraciones que originaron la denuncia habrían sido emitidas en un medio local, donde el alcalde cuestionó la legitimidad de los promotores de la revocatoria. Este enfrentamiento ha generado un debate público sobre la transparencia en el manejo de firmas y la polarización política en Quito.

Próximos pasos a ejecutar

Marroquín, en su denuncia, no solo busca una retractación pública, sino también sentar un precedente sobre el uso de términos que considera ofensivos, como “tránsfugas”, dirigido a los firmantes de la revocatoria. El colectivo #ChaoPabel planea intensificar su campaña con brigadas itinerantes que recorrerán la ciudad para recolectar más apoyos. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la admisión de la denuncia. Sin embargo, el caso podría escalar si se demuestra la contravención penal.

Mientras tanto, el proceso de revocatoria sigue su curso, con el Consejo Nacional Electoral (CNE) como ente encargado de verificar las firmas recolectadas. Este organismo ha establecido plazos estrictos para la presentación de rúbricas, lo que añade presión al colectivo liderado por Marroquín. En el ámbito político, analistas locales señalan que la campaña de revocatoria podrían influir en el clima electoral de futuras contiendas. 

Antecedentes del caso

La relación entre Marroquín y Muñoz se ha deteriorado desde que el colectivo #ChaoPabel inició la recolección de firmas en abril de 2025. La revocatoria permite a los ciudadanos solicitar la destitución de autoridades electas si consideran que no han cumplido con sus responsabilidades. En el caso de Muñoz, las críticas se centran en la gestión de servicios públicos y proyectos de transporte.