El segundo periodo gubernamental del joven presidente Daniel Noboa Azin, iniciado ayer con su legal posesión, no dejará atrás retos y dificultades adosadas como lastre desde su año y pico de mando, tiempo desempeñado para completar el que dejara el renunciante perjuro Guillermo Lasso.
Empezará batiéndose contra opositores conocidos que están sembrados en la Asamblea Nacional y regados en partidos políticos, así como contra descontentos de profesión y agazapados, que desde la oscuridad continuarán su labor de zapadores de su gobierno y de la democracia. Se incluye a aquellos que, incrustados en la administración, siguen órdenes preconcebidas para minar, cuando y cuanto puedan, los cimientos del Ejecutivo. Esos son los peores.
Pero, con el impulso de ese 55,63–44,37, resultante de la fiesta electoral del 13 de abril pasado, día en que una apreciable mayoría ciudadana nuevamente escogió al joven Noboa para que continúe su labor al mando del país, el mandatario reelecto tiene el respaldo necesario para cumplir con sus promesas de construir un nuevo Ecuador. Y para ello debe y tiene que aprovechar, utilizar y desarrollar, inteligente, eficiente y, sobre todo, honesta y honradamente, esa condición, cumpliendo con su deber de tratar de unir la nación atendiendo con justicia, probidad y ecuanimidad sus necesidades.
Más, el camino a seguir le presenta otras incógnitas, como la designación del titular del Ministerio Fiscal. La renuncia de Diana Salazar podría significar un nuevo frente de preocupación o de afianzamiento de la justicia en Ecuador. La «dama de hierro» ecuatoriana sentó principios de respeto a la entidad que representaba, luego de una cadena de antecesores que hizo de ese ministerio una cueva acogedora a la corrupción y la perversión de la ley. Y, claro, activó reacciones amenazantes de quienes han vivido acostumbrados a la protección de sus inmoralidades. Y como el crimen tiene tantas garras, se ha visto obligada a autodesterrarse para proteger su vida y la de su familia. Por ahora, designada por el gobierno como embajadora en Argentina.
Ecuador vive un estado de peligro social y de inseguridad como país, a punto de caer en manos de la delincuencia organizada. Los ecuatorianos debemos estar conscientes de que, si hemos entregado parte de nuestra libertad para que nuestro país, a través de las leyes, se rija en democracia, organizada y segura, actualmente estamos en situación que requiere más sacrificios por nuestra propia seguridad y sobrevivencia. Y eso hay que pensarlo. Quizá revisar, renovar y actualizar leyes antes de quebrantarlas, porque “donde escasea lo legal, prospera la delincuencia”. Leído por ahí.
