Desde el 2022, técnicos de CNEL solicitaron que se arreglen las termoeléctricas estatales por las sequías sucesivas que se avizoraban sobre varios países de Sudamérica.
Advirtieron que el costo llegaría a 80 millones de dólares. Con el uso del gas y derivados de petróleo, se generarían tres mil megavatios de potencia, de los 4.500 que requería el país. Durante los apagones solo aportaron 720 megavatios; no se utilizó 2.200 de potencia posible.
Se dijo que no había dinero y quedó al país con racionamientos de hasta 14 horas diarias. En Colombia y Perú, con sequía similar, no hubo cortes de energía porque sí funcionaron sus termoeléctricas. Lo que no se conocía era que, a inicios del 2024, según varios investigadores, sacaron de la Reserva Monetaria, donde están los fondos de las empresas públicas, USD 497 millones de CNEL y USD 1.904 millones de Petroecuador EP. Se supone que esos fondos se utilizaron para pago de cuotas de deuda externa y quizá otra parte para salarios.
Sin los dineros propios de las empresas públicas de electricidad y petróleo, que se hallaban en la Reserva Monetaria (supuestamente “intocable”), era obvio que tendrían problemas el sector eléctrico porque –quizá en forma deliberada– sin los apagones no hubiesen concesionado a manos privadas las reservas de gas y dinero del fisco para que a futuro sectores privados construyan termoeléctricas. ¿No alegaron que tampoco había dinero en Petroecuador? Era el pretexto para pretender concesionar, a favor de corporaciones extranjeras, el mayor campo del país, el Sacha, con una producción de 77 mil barriles diarios.
Sin potencializar las termoeléctricas y sin los apagones, ¿cómo negociaban a dedo la presencia de una barcaza turca por USD 130 millones, y realizaban otras compras innecesarias? Y algo mucho más grave; ante las penumbras que pudieron prevenirse, el 28 de septiembre del 2024 el presidente Daniel Noboa envió con el carácter de urgente el proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Generación de Energías.
En su disposición transitoria quinta se autoriza el concurso inmediato de “proyectos de explotación y repotenciación de los campos identificados con gas natural”, lo que incluye el campo Amistad, del golfo de Guayaquil. En la disposición general octava se señala: “La banca pública (…) podrá incorporar dentro de la oferta de productos financieros, créditos con tasas preferenciales destinados a personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen implementar sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables (…)”. ¡Mesa! ¡Entregan el gas y construyen termoeléctricas privadas con fondos públicos! ¡Tarea inexcusable para la Asamblea, Contraloría y Fiscalía.
