La reforma a la Constitución es necesaria, pero no urgente. Existen disposiciones que deben ser corregidas, como la inclusión de un quinto poder que ha resultado de escasa utilidad, y otras normas con evidente carga ideológica que no deberían constar en una carta magna. Sin embargo, el contexto actual exige que el Gobierno priorice otras urgencias nacionales.
Ecuador enfrenta una situación de inseguridad sin precedentes, provocada por el accionar de bandas delictivas que han penetrado estructuras estatales y desafían abiertamente el orden público. Enfrentar esta amenaza requiere concentración, planificación rigurosa y una sostenida y firme acción institucional.
Paralelamente, el país necesita una reactivación económica que lo saque de casi una década de estancamiento. Lograrlo implica inversión pública y privada, reformas legales específicas y voluntad política clara.
La reforma constitucional, aunque necesaria, no puede desviar el enfoque de los desafíos más inmediatos. El Gobierno acierta al aplazar su tratamiento en este momento.
Cuando las condiciones mejoren, el debate constitucional podrá retomarse con amplitud y profundidad, como corresponde a un tema de fondo. Ahora, el deber es enfrentar con eficacia lo urgente.
