El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) desestimó, con cuatro votos a favor y uno concurrente, una apelación contra el archivo de una denuncia por supuesta violencia política de género presentada contra Luisa González, excandidata presidencial de Revolución Ciudadana. La decisión, tomada el 8 de mayo del 2025, se basó en la falta de documentación válida del denunciante para acreditar su calidad de adherente de Acción Democrática Nacional (ADN). Sin embargo, González aún enfrenta otra denuncia similar en el TCE, pendiente de aclaraciones.
La denuncia archivada acusaba a González de cometer actos de violencia política de género contra María Beatriz Moreno, directora nacional de ADN, durante el debate presidencial de marzo de 2025. Según el expediente, González habría vinculado a Moreno con el narcotráfico, lo que motivó la acción legal. El TCE determinó que el denunciante no cumplió con los requisitos formales, al no presentar pruebas de su afiliación a ADN, lo que invalidó la apelación.
Luisa González tiene otra causa
Pese a este fallo, González no está libre de controversias legales. Otra denuncia por violencia política de género, que también involucra al expresidente Rafael Correa, sigue en trámite. El TCE otorgó al denunciante un plazo de dos días para aclarar y completar la solicitud, según lo establecido en la resolución emitida esta semana. El organismo no ha revelado detalles adicionales sobre el contenido de esta segunda causa.
La violencia política de género, tipificada como infracción electoral grave desde las reformas al Código de la Democracia en 2020, busca proteger a mujeres candidatas y políticas de comentarios o acciones que las discriminen o menoscaben. Las sanciones incluyen multas elevadas, suspensión de derechos políticos o incluso destitución, dependiendo de la gravedad del caso. Esta normativa respondió a la necesidad de regular actos que, hasta entonces, carecían de un marco legal específico en el ámbito electoral.
Aumento de este tipo de denuncias
El contexto de las elecciones de 2025, marcadas por una intensa polarización, ha propiciado un aumento de denuncias por violencia política. El debate presidencial de marzo, donde González y otros candidatos intercambiaron acusaciones, generó varias controversias que han llegado a instancias judiciales. ADN, movimiento liderado por el presidente reelecto Daniel Noboa, ha sido activo en la presentación de acciones legales contra opositores. Mientras Revolución Ciudadana ha cuestionado la imparcialidad de estas denuncias.
La resolución del TCE refuerza la importancia de cumplir con los requisitos formales en procesos electorales, especialmente en casos sensibles como la violencia política de género. La decisión de archivar la denuncia contra González por falta de documentación no aborda el fondo de las acusaciones. Con ello, se dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones legales si se presentan con el sustento adecuado.
La segunda denuncia pendiente contra González y Correa mantiene la atención sobre el manejo de la violencia política en el país. El TCE, como árbitro electoral, enfrenta el desafío de equilibrar la protección de los derechos de las mujeres en política con la rigurosidad procesal. Mientras tanto, el fallo de marca un hito en el proceso postelectoral, que culminará con la posesión de Noboa y la vicepresidenta María José Pinto el 24 de mayo.
