La próxima Asamblea Nacional, que asumirá funciones el 14 de mayo del 2025 con 151 legisladores, enfrentará el desafío de tramitar 1.338 proyectos de ley acumulados entre agosto de 2009 y agosto de 2024. Estas iniciativas, que incluyen reformas legales, nuevas leyes sobre educación, seguridad social, minería y protección de derechos, están en diversas etapas de trámite, desde revisión en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) hasta debates pendientes o dictámenes de la Corte Constitucional. La magnitud de esta carga legislativa representa un obstáculo significativo para el nuevo periodo legislativo.
Según Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), en el último periodo de transición se presentaron más de 500 proyectos. Una cifra desproporcionada frente a las 60 u 80 leyes aprobadas en promedio cada cuatro años. Para procesar las 1.338 iniciativas en el periodo 2025-2029, los asambleístas deberían despachar un proyecto diario, una meta que expertos consideran inviable. Entre las propuestas pendientes destaca la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), que aún aguarda informe para segundo debate, estancada por problemas políticos y falta de consensos.
Propuestas para evitar represar más proyectos en la Asamblea Nacional
El asambleísta por Guayas, Jorge Acaiturri, propone que el CAL conforme un equipo para analizar y fusionar proyectos similares, además de archivar los irrelevantes. También sugiere que las bancadas acuerden no presentar nuevas iniciativas durante los primeros three o cuatro meses para priorizar la carga existente. Por su parte, Henry Cucalón, exasambleísta y ministro de Gobierno, señala un problema cultural: muchos legisladores presentan proyectos en exceso para evitar ser percibidos como inactivos, un fenómeno que Andrés Castillo, asambleísta electo por ADN, atribuye al temor a las evaluaciones de transparencia de la FCD, informó Ecuavisa.
La acumulación de proyectos refleja desafíos estructurales en el proceso legislativo ecuatoriano. La presentación masiva de iniciativas, muchas redundantes, satura el sistema y diluye la calidad del debate. Cucalón destaca que la falta de acuerdos políticos ha frenado avances en temas sensibles, como la protección de la niñez. Además, la presión por demostrar productividad lleva a los legisladores a priorizar cantidad sobre calidad, generando un círculo vicioso que perpetúa el rezago.
Los nuevos retos de los 151 legisladores
El contexto de esta situación se enmarca en un momento de transición política en Ecuador. Esto, con la instalación de una Asamblea ampliada tras la reforma constitucional de 2023. Los 151 nuevos legisladores enfrentarán no solo el backlog legislativo, sino también expectativas ciudadanas por soluciones a crisis en seguridad, economía y servicios públicos. La capacidad de la Asamblea Nacional para optimizar su trabajo, fusionar proyectos y priorizar temas urgentes será clave para recuperar la confianza pública, que, según encuestas recientes, se mantiene baja tras años de ineficiencia legislativa.
A pocos días de la posesión, las propuestas de Acaiturri y Cucalón podrían sentar las bases para una gestión más efectiva, pero requerirán consensos entre bancadas y un cambio en la cultura legislativa. Mientras tanto, la ciudadanía observa con expectativa si la nueva Asamblea logrará desatascar el sistema y responder a las demandas de un país en transformación.