La participación de menores de edad en delitos graves, incluso asesinatos por encargo, es cada vez más frecuente. Esta situación obliga a un debate urgente sobre la eficacia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y la pertinencia de revisar el principio de inimputabilidad establecido en la legislación ecuatoriana.
Hoy, las personas menores de 18 años no pueden ser juzgadas por tribunales ordinarios. En su lugar, el sistema vigente se basa en la rehabilitación y reinserción. Sin embargo, los hechos demuestran que dicho enfoque no siempre responde a la realidad, marcada por estructuras criminales que utilizan a menores por la impunidad que garantiza la ley.
No son pocos los casos de adolescentes detenidos en flagrancia por delitos violentos. Y no es raro que quienes salen de los llamados centros especializados reincidan poco después. Esto pone en duda la capacidad del sistema para cumplir su objetivo rehabilitador.
La respuesta no debe ser punitiva sin más, pero tampoco puede mantenerse al margen de la evolución del crimen organizado, que hoy recluta y entrena a jóvenes para funciones cada vez más letales.
Se ha vuelto necesario abrir un proceso técnico y social para analizar si el actual marco legal sigue siendo útil. La sociedad necesita protección y los adolescentes, una legislación que los defienda sin volverlos escudos del crimen.
