La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que suspende los derechos políticos de la asambleísta electa Priscila Schettini durante tres años, afecta el derecho de representación política de quienes la eligieron y abre un debate necesario sobre los límites y el uso de las normas sobre violencia política de género.

De acuerdo con el Código de la Democracia, la violencia política de género busca restringir el ejercicio de funciones o inducir a una autoridad a actuar contra su voluntad. Sin embargo, debe quedar claro que este tipo de violencia no puede confundirse con la crítica política legítima ni con los señalamientos que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer respecto de un funcionario público.

El riesgo de ampliar excesivamente el alcance de esta figura legal es que se limite el ejercicio del control ciudadano, se afecte la libertad de expresión y se restrinja el debate democrático. La política debe admitir el disenso, la fiscalización y las posturas contrarias, sin que ello derive automáticamente en sanciones.

Proteger los derechos políticos de las mujeres es necesario, pero hacerlo sin restringir otras libertades esenciales también lo es. La democracia se fortalece cuando sus principios conviven, no cuando se excluyen entre sí.