La Fiscalía General del Estado finalizó la etapa de instrucción fiscal en el caso Las Malvinas, que investiga la presunta desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil. Ismael Arroyo, Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina fueron capturados por militares el 8 de diciembre de 2024 en la avenida 25 de Julio. Esto luego de una supuesta alerta de robo. Días después, sus cuerpos fueron hallados calcinados en la zona de Taura, a 40 kilómetros de la ciudad. Por estos hechos, 17 militares enfrentan un proceso penal y la Fiscalía ha solicitado fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
El caso, que ha generado indignación en la sociedad ecuatoriana, comenzó cuando una patrulla militar, que regresaba de una operación en la Aduana, detuvo a los menores en el sur de Guayaquil. Según la versión oficial de los militares, la captura respondió a una denuncia de robo a una mujer en la vía pública. Sin embargo, las investigaciones han revelado inconsistencias en esta narrativa. Los menores fueron trasladados desde Guayaquil hasta Taura, donde según la Fiscalía, habrían sido víctimas de actos violentos antes de su muerte.
Reconstrucción de los hechos
Una segunda diligencia de reconstrucción de los hechos se llevó a cabo en sectores de Durán y Taura. Allí hubo la participación de cuatro de los militares procesados. Durante esta recreación, surgieron nuevos elementos que complican la situación de los acusados. Durante los 120 días de investigación, la Fiscalía realizó dos reconstrucciones de los hechos y recopiló testimonios claves.
Uno de los militares involucrados se acogió al mecanismo de cooperación eficaz. Se reveló que los adolescentes fueron golpeados brutalmente, lanzados desde una camioneta. Incluso, pisados por un subteniente que se grababa con su celular. Además, en una zona rural de Taura se hallaron prendas quemadas, incluyendo una pantaloneta azul, las cuales están se analizan mediante peritajes forenses.
Abraham Aguirre, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señaló que “los golpes constatados en la reconstrucción podrían constituir actos de tortura”. Estas declaraciones han avivado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad ciudadana.
Investigación meticulosa
El caso Las Malvinas se enmarca en un contexto de creciente preocupación por las violaciones a los derechos humanos en operativos militares y policiales. Según el CDH, entre 2022 y 2024 se han registrado al menos 15 casos de presunto abuso de autoridad en Guayaquil, aunque pocos han avanzado hacia etapas judiciales tan definidas como este. La desaparición forzada, tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), es un delito grave que puede acarrear penas de hasta 26 años de prisión.
La Fiscalía ha priorizado la identificación de responsabilidades individuales entre los 17 militares procesados, quienes formaban parte de la patrulla implicada. Entre las pruebas recabadas se encuentran informes balísticos, registros de comunicación militar y los resultados de las autopsias, que confirmaron que los cuerpos de los menores fueron incinerados tras su muerte.
Familiares exigen justicia ante este hecho
La sociedad civil y las familias de las víctimas han exigido justicia y transparencia en el proceso. Organizaciones de derechos humanos, como el CDH, han acompañado a los allegados de los menores en marchas y vigilias. Demandando que el caso no quede en la impunidad.
El próximo paso en el proceso será la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Allí, la Fiscalía presentará las pruebas recolectadas y los jueces determinarán si el caso avanza a la etapa de juicio oral. Mientras tanto, el caso Las Malvinas sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrenta Ecuador. Especialmente, en materia de derechos humanos y control de las fuerzas de seguridad.
