Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que 6 de cada 10 personas en las zonas rurales de Ecuador consumen agua contaminada, debido a la falta de tratamiento de más del 70% de las aguas residuales, lo que pone en riesgo la salud de miles de habitantes. El documento basado en estudios realizados en Ecuador, por la organización internacional Ayuda en Acción (con presencia en 18 países), destaca un problema crítico en el acceso a agua potable y el manejo de aguas residuales.
En el sector rural, la contaminación del agua afecta al 60% de la población, según análisis de calidad que detectaron presencia de bacterias como E. coli. Esta situación se agrava porque 73,7% de las aguas residuales generadas en el país no pasan por procesos de tratamiento y son vertidas directamente en ríos y fuentes hídricas.
Escasez de saneamiento efectivo
La falta de infraestructura para tratar aguas residuales es un factor clave. En 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que solo una minoría de municipios cuenta con plantas de tratamiento operativas. Esto impacta especialmente a las comunidades rurales, donde el acceso a servicios de saneamiento es limitado. La OMS subraya que esta situación contribuye a enfermedades como diarrea y desnutrición infantil.
Consecuencias para la salud pública
El consumo de agua contaminada está relacionado con 842.000 muertes anuales a nivel global por enfermedades prevenibles, según datos históricos de la OMS. En Ecuador, las zonas rurales enfrentan mayores riesgos debido a la dependencia de fuentes hídricas afectadas por vertidos sin tratar. El informe señala que mejorar el tratamiento de aguas residuales es esencial para reducir estas cifras.
Contexto nacional y global
Ecuador, con una extensa red hídrica, enfrenta desafíos para garantizar agua segura. A nivel mundial, la OMS estima que 2.000 millones de personas consumen agua contaminada. En el país, la problemática se acentúa en el sector rural, donde 5 de cada 10 hogares no tienen acceso a agua potable de calidad, según estudios previos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef y el Banco Mundial.
