El préstamo era para financiar la represa hidroeléctrica de San Francisco, construida en Ecuador por la firma brasileña Odebrecht, que fue inaugurada a mediados del 2007 y dejó de funcionar en junio pasado debido a fallos estructurales. Por esa razón, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expulsó del país a Odebrecht y decidió pedir a un tribunal internacional el arbitraje sobre la deuda con el BNDES, a lo que Brasil respondió con la llamada a consultas de su embajador. Según indicó Marques Porto en una comparecencia en el Congreso, con esa actitud se quiso manifestar la "perplejidad" ante la decisión de Correa, que no supo explicar y consideró "equivocada". El diplomático aseguró que las relaciones con Ecuador son "próximas" y negó que exista en esa nación algún tipo de resentimiento contra Brasil. "No he percibido ni en la población, ni en la prensa, ni entre los empresarios de Ecuador algún sentimiento antibrasileño", dijo. Marques Porto ratificó que el Gobierno brasileño está dedicado a estudiar los 60 proyectos de cooperación que tiene en este momento con Ecuador y que al menos 30 de ellos serán suspendidos hasta que se superen las actuales diferencias. En el Congreso, senadores de la oposición exigieron al Gobierno medidas más duras y, aunque respaldaron el llamado a consultas del embajador, consideraron que fue una actitud "tardía". En el otro extremo se situó el minoritario Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que expresó su apoyo al Gobierno de Correa ante lo que calificó de "graves perjuicios" ocasionados por la empresa Odebrecht "al pueblo de Ecuador". En una nota difundida hoy, el PSOL expresó que el Gobierno que preside Luiz Inácio Lula da Silva "prefirió tomar partido por Odebrecht y chantajear a Ecuador al retirar a su embajador" en Quito. Según el partido izquierdista, "el Gobierno ecuatoriano se ha destacado por la defensa de la soberanía y de los intereses de su pueblo" y Brasil debe "agotar los caminos de la negociación o, si es necesario, los caminos jurídicos del caso".