Actualizado hace: 936 días 10 horas 3 minutos
Creen que es "inmoral" responder por afectados de DMG

Quito.- El ministro ecuatoriano de Gobierno, Fernando Bustamante (foto), consideró hoy que sería "inmoral" que el pueblo, a través del Estado, tuviese que responder a los afectados por la firma DMG, cuyo fundador David Murcia Guzmán, fue deportado a Colombia tras ser detenido el miércoles en Panamá. "Nosotros no le podemos imponer al pueblo ecuatoriano tener que pagar las deudas de gente que se fue básicamente a jugarse su plata (dinero) en un casino. Creo que sería eso inmoral", dijo a la prensa.

Viernes 21 Noviembre 2008 | 14:31

El funcionario enfatizó que es tan responsable el que deposita como el que capta recursos y añadió que se investiga si detrás de la actividad de DMG hay lavado de activos, narcotráfico y negocios ilegales, informó el diario El Universo. Bustamante dijo ayer que cinco personas fueron detenidas en los allanamientos que se realizaron a oficinas en Quito, en las que supuestamente operaba la firma colombiana DMG, acusada por el Gobierno de ese país de captar dinero de forma ilícita. El ministro indicó que en la operación, a la que denominaron "Quimera", se encontraron 50.000 dólares, 17 cajas fuertes, documentación y computadoras que serán investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la policía y por la fiscalía del país. "La evidencia, en la que se encuentra documentación, nos permitirá conocer a quienes captaban el dinero y los nexos tejidos en torno a esta empresa", dijo. Precisó, además, que los allanamientos seguirán en otras ciudades en donde se presume que también opera DMG, como Cuenca (Sierra) y Lago Agrio (Amazonía). La fiscalía informó hoy que la caja fuerte de la oficina de DMG que se encontró ayer en la incautación a una presunta oficina de esa firma en Guayaquil, estaba vacía. "Se abrió públicamente de manera transparente la caja fuerte y no se ha encontrado nada", señaló el agente fiscal de la provincia del Guayas, José Cuellar. La fiscalía solicitó a las personas perjudicadas que denuncien los casos para que sean investigados. EFE
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