El lector se puede sorprender al saber que el reconocimiento de verdades absolutas forma parte de la doctrina de los derechos humanos, una de las bases de cualquier sistema democrático contemporáneo. En efecto, en la primera línea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 se apunta que los derechos humanos encuentran su fundamento en "el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana" (Preámbulo, Considerando 1º). La dignidad humana no debe ser concedida por los Estados, debe ser reconocida, lo cual implica una verdad absoluta sobre la dignidad humana que los gobiernos, incluidos los más democráticos del mundo, no pueden ignorar porque es anterior a la potestad que los ciudadanos le han dado. Así el Concilio Vaticano II afirmó que "la raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a todo ser humano" (Const. Past. Gaudium et Spes, 41). Nada que ver con la afirmación de Peces-Barba: "La Iglesia reclama un derecho de veto frente al contrato social, a los acuerdos de las mayorías, y la idea de soberanía popular". No, la Iglesia no reclama un derecho de veto, lo reclama la dignidad humana. Un Estado democrático no podría legislar en contra de la dignidad humana. El propio Peces-Barba también proclama verdades absolutas en su artículo: afirma, por ejemplo, que "no podemos olvidar las bases de nuestra convivencia, la tolerancia, la libertad, la igualdad, el respeto a la conciencia individual, el pacto social, el constitucionalismo, la separación de poderes o los derechos humanos". Afirma ocho verdades absolutas anteriores a nuestra convivencia, aunque nos debería explicar quién le ha dado autoridad para ello, por qué él sí puede citar verdades absolutas sin que se le acuse de imponer dogmatismos.