En ese contexto, señala que los movimientos feministas en la región han comprobado como en la lucha contra la violencia de género "las tradiciones culturales que apoyan la violencia patriarcal figuran entre los principales impedimentos para el cambio". Trazaron esa tradición, en parte, a las legislaciones que heredaron las colonias españolas, portuguesas y francesas de sus metrópolis, como el código napoleónico, que otorga un "poder absoluto" al cabeza de familia masculino. El documento, de 108 páginas, considera que la independencia de las colonias no vino acompañada de un cambio de mentalidad en ese apartado, por lo que ha seguido vigente en buena parte de la región y dificulta la aplicación de las leyes para combatir la violencia machista. "La violencia por motivos de género se perpetra gracias a normas y tradiciones sociales y culturales que refuerzan las estructuras de poder dominadas por el hombre", asegura el documento. Indica que desde temprana edad se insiste en que las mujeres son inferiores a los hombres y se les advierte de que son culpables de la violencia de las que son víctimas. La función femenina es "mantener unida a la familia a cualquier costo, por lo que la violencia en el hogar se convierte en una realidad aceptada y hasta cierto punto natural", apunta. "Los adelantos hacia la igualdad de género nunca se han logrado sin luchas culturales contra los aspectos visibles e invisibles del poder y contra las prácticas que sostienen las desigualdades de género y oprimen a las mujeres", advierte. Señala que los promotores de los derechos de la mujer han trabajado "firme y con consistencia" para erradicar los valores patriarcales que apoyan la violencia de género y lograr "desnaturalizarla". Esa labor se ha traducido en leyes y acuerdos como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer adoptada en 1994 por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ese mismo año Argentina y Chile adoptaron legislación similar, y en años posteriores les siguieron Bolivia, Ecuador y Panamá, mientras que en 1996, lo hicieron Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y la República Dominicana. Se destaca la experiencia de Brasil, y en particular la llamada Ley de Maria da Penha, en honor al conocido caso de una mujer a la que hace 20 años su ex pareja disparó y dejó discapacitada. Esta ley aumenta el período de encarcelamiento cuando se cometen esos actos de violencia, posibilita la detención preventiva, autoriza el arresto por conductas flagrantes e incluye varias medidas de protección de la mujer, precisa. El documento de UNFPA también aborda la influencia de la cultura en el control de la natalidad y la programación familiar. Recuerda que regiones como el África subsahariana y América Latina y el Caribe, las mujeres pobres tienen dos hijos más de media que las mujeres con unos ingresos cinco veces más altos y emplean en menor proporción métodos anticonceptivos, incluso cuando no tienen deseos de tener más descendencia. Los pobres desean familias numerosas debido, en parte, a normas culturales residuales y, en parte, a que no se les hace palpable la ventajas de tener pocos hijos, como sí lo es evidente para las madres con un mayor poder adquisitivo, aseguran los expertos. Tener en cuenta las circunstancias culturales, prosigue el informe, es crucial para formular "una estrategia de promoción diferente para cada caso". En ese sentido, cita el ejemplo de los esfuerzos en Guatemala para reducir la mortalidad de las mujeres durante el embarazo y el parto, pues ese país centroamericano tiene una de los índices más altos de la región en cuanto a fallecimientos de madres, con 270 por cada 100.000 nacimientos. El estudio señala que la construcción de un consenso entre gobierno, agentes sociales como las iglesias y el sector privado alrededor de la necesidad de reducir esa cifra llevó en 2001 a la adopción de una ley de desarrollo social para abordar este problema.