"De ese monto, las compañías cancelaron el 66 por ciento, es decir, el fisco recibió 1.428 millones. El resto deberá ser liquidado en los próximos meses conforme acordaron tras los acuerdos alcanzados con el Gobierno para modificar sus contratos", publica el diario El Comercio. La Ley 42 sobre reparto de excedentes, emitida en abril de 2006, obligó a las petroleras a entregar al Estado el 50 por ciento de los ingresos extraordinarios generados por el alto precio del crudo, pero el actual Gobierno aumentó este reparto al 99 por ciento en octubre de 2007. Aunque reconoció que la medida fue extrema en su momento, el jefe de Estado, Rafael Correa, justificó la iniciativa al decir que el petróleo es de los ecuatorianos y por lo tanto su extracción debe beneficiar en mayor medida al pueblo antes que a las trasnacionales. El Estado ecuatoriano negocia, de momento, el cambio de modalidad en los contratos con las trasnacionales para cambiar los acuerdos de participación por otros de prestación de servicios. El ministro ecuatoriano de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, señaló el lunes que Ecuador podría firmar este mes un acuerdo transitorio pactado la semana anterior con la petrolera hispano argentina Repsol YPF para que continúe sus operaciones en el país. En un encuentro con la prensa, Palacios señaló que al igual que con Repsol, espera firmar este mes un acuerdo definitivo con la petrolera francesa Perenco. También en las últimas semanas, el país suscribió un acuerdo en ese sentido con la estatal brasileña Petrobras. El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador que, con los ingresos por sus ventas, financia alrededor del 35% del presupuesto general del Estado. EFE